Se pregunta uno a estas alturas por lo que se lee y observa el éxito de la política de seguridad implementada en el Salvador por el presidente Bukele, la cual conllevo a decretar el Estado de Excepción, crear una nueva incorporación de efectivos a las fuerzas y reformar el Código Penal en la Asamblea Legislativa, donde se prohibió la simbología relacionada con las pandillas, y aprobó el uso de los bienes incautados a las mismas para combatirlas, dicha política, ha dado como resultado las siguientes cifras según informe noticioso dado por Revista Semana:
En el 2018, antes de que Bukele fuera presidente, El Salvador encabezaba el listado de los 20 países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 61,59 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En 2021, con Bukele en el poder, El Salvador salió por completo de esa lista negra y se proyecta que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 2023 sea de apenas 2,31 casos, es decir que, de 3.346 asesinatos en 2018, El Salvador podría tener solo 150 para el 2023, según las proyecciones.
La mano dura ha tenido resultados notables: la tasa de impunidad en homicidios pasó del 95 por ciento en 2019 al 25 % en 2022, lo que indica que cometer un delito en ese país tiene un castigo prácticamente asegurado.
Por otro lado, tenemos la política de seguridad implemente por nuestro presidente Petro denominada seguridad humana, la cual se ha de medir en vidas, donde se pretende transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza, consolidando el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos las personas, grupos y comunidades en todo el territorio nacional.
Lo cierto es que el panorama el Colombia no es el mejor, según el DANE, durante el 2020, el 7,5% de las personas de 15 años y más sufrieron al menos un delito para el total nacional; 7,8% para cabeceras y 6,6% para centro poblado y rural disperso, frente al hurto a personas, 3,2% de las personas de 15 años y más en el total nacional informaron haber sufrido este delito al menos una vez durante 2020, al indagar por el hurto a residencias, el 1,7% de los hogares para el total nacional reportaron haber sufrido este hecho, mientras que el 0,9%, de los hogares en el total nacional informaron haber sufrido hurto de ganado, semovientes o aves de corral.
En términos generales, la gente en Colombia clama por justicia y seguridad, ante la falta de la primera ya no creen que para la criminalidad exista ley que termine y/o la elimine.
En lo personal considero que debe existir una articulación y coherencia entre las instituciones y las ramas del poder público, donde con resultados, se le dé a los ciudadanos confianza y credibilidad frente a la solución de esta problemática, el pulso ante la criminalidad la ganamos entre todos, por supuesto involucrando al Estado principalmente (lo público), la empresa (lo privado) y las personas (todos los habitantes).
Esperamos que esta política pueda dar verdaderos resultados cuantificables pues las estadísticas no son alentadoras, ya que Colombia a corte de 2022 cuenta con una tasa de homicidios de 26,1 por cada 100.000 habitantes, ocupando el tercer lugar por debajo de Venezuela y Honduras, de los 20 países más peligrosos del mundo.
Ahora bien, en el contexto local para los habitantes de Neiva la inseguridad es la principal preocupación, pues no importa el estrato social, en todos los niveles el hurto a personas se convirtió en el diario vivir.
Según reportó el DANE, mediante la encuesta Pulso Social, más del 84% de los ciudadanos en Neiva se sienten inseguros o muy inseguros caminando solos por las calles durante el día o la noche, según el Observatorio Nacional del Delito el hurto a personas en la ciudad aumentó 57% en comparación al 2021, pasando de 2088 casos a 3.271 en 2022, es decir 1.183 persona más fueron víctimas de los ladrones.
Con lo anterior, y ante el clamor de la ciudadanía, yo me inclino por una política de seguridad de mano dura con el delincuente, pues lo resultados obtenidos en El Salvador, son los que necesitamos en nuestra ciudad.
