La Ley 2161 de 2021, que ya fue sancionada por el gobierno anterior y entrará en vigencia desde el primero enero.
Especial/24-7Semanario
Guillermo Reyes, ministro de Transporte, tiene previsto anunciar a los conductores lo que fue una promesa de campaña de Gustavo Petro: dará a conocer las nuevas tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). Los nuevos precios saldrán de un estudio previo y de una concertación del Ejecutivo con las aseguradoras.
“Uno de los aspectos que se está estudiando en este espacio, en el que hacen parte el Ministerio, las aseguradoras, la Superintendencia Financiera, Fasecolda, ciudadanos y otras entidades, tiene que ver con revisar el manual tarifario, lo cual permitirá definir los nuevos precios para los usuarios, que podrán ver una reducción en el costo de esta póliza”, aseguró el ministro Reyes.
Durante los últimos meses el gobierno trabajó con Fasecolda –gremio de las aseguradoras– en los estudios que permitieran reducir el precio de este seguro obligatorio. Entre los compromisos que podría asumir el Ejecutivo, para lograr la reducción, es en impartir sanciones a los conductores que se nieguen a pagar el seguro, a los que hagan fraude y también a aportar en la reducción de la accidentalidad en las vías.
La medida, en todo caso, representaría un alivio para el bolsillo de los conductores que, en este año, también han visto subir el precio de los vehículos y sus repuestos –por el alza del dólar– y de la gasolina ($200 mensuales entre octubre y diciembre en todo el país).
En palabras del propio Reyes, el Gobierno está “urgido” en que la reducción del SOAT se haga lo más pronto posible porque “es un requerimiento que está en todo el país, todo el mundo pregunta lo mismo y no es un capricho, es una necesidad y la solución está a la vista”.
De entrada, el Gobierno deberá dejar claridad sobre quién asumiría los gastos de la reducción en las tarifas, pues el precio de este seguro obligatorio está calculado con base en las cifras de accidentalidad que se registran año a año.
Es decir, las aseguradoras –públicas y privadas– evalúan cómo se comportaron los accidentes viales y determinan cuál debe ser el costo del seguro obligatorio para poder responderle a los conductores en los gastos funerarios, de transporte médico, de atención médica e incapacidades permanentes cuando sufren accidentes.
El pasado 12 de octubre los motociclistas salieron a protestar porque consideraban que el precio del SOAT era excesivamente alto y, por tanto, les representaba una barrera para adquirirlo. Otros, por el contrario, han asegurado que hay escasez para adquirir el seguro.
El reto del Reyes será garantizar la cobertura y que los conductores adquieran el seguro para poder que el sistema sea viable. Se sabe que el 47% de los propietarios de vehículos (cerca de 9 millones) evade el pago del seguro obligatorio. En esto punto, adelantó el ministro, buscará mecanismos de financiación para que se acceda al SOAT.
Una norma expedida por el Congreso de la República tiene hoy en jaque la expedición y/o renovación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en todo el territorio nacional.
Se trata de la Ley 2161 del 2021, gestionada por varias carteras del gobierno Iván Duque, la cual le quitó a supermercados, servitecas, centros de diagnóstico automotriz, estaciones de servicio y corredores de seguros la intermediación para emitir la póliza.
Imposible comprar el Soat
como consecuencia por la directriz de la norma, hoy la expedición del Soat esta represada, ya que la operación quedó solo en manos de las aseguradoras, cuyos canales ya no dan abasto para el trámite, o en el peor de los escenarios colapsaron.
“Para desestimular la expedición y/o renovación del Soat, la ley restringió las comisiones a máximo 5%, por lo que a muchos comercios ya no les resulta atractivo la intermediación. Además, con la crisis financiera para este seguro, para reducir los costos, han concentrado la emisión del seguro en los puntos de atención presencial o en las páginas de internet de las compañías”, señaló Miguel Gómez, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda).
Esta situación además ha llevado a que muchos vehículos a los que se les venció el Soat no puedan ser movilizados por los dueños en el país, ante el temor de ser sancionados por las autoridades de tránsito.
“Al acabarse la intermediación con la ley que promovió el anterior gobierno, también se acabó la expedición de esta póliza. Y como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces hemos pedido a las alcaldías y gobernaciones que permitan la movilización si están con el seguro vencido mientras se resuelve el problema”, explicó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.
El funcionario recalcó que desde la entidad se ha venido trabajando para solucionar el tema. “Estamos esperando que el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema Social en Salud (Adres) expidan la norma con un nuevo marco tarifario, para destrabar el represamiento”, dijo.
Y agregó que esta situación es generada por el mismo Estado, ya que la intención de bajar la comisión en la intermediación, era bajar el valor del Soat para que al ciudadano no le resultara tan oneroso.
“No se abarata de esta manera su costo, sino obligando a todos los propietarios de vehículos a que tengan este seguro”, dijo Reyes.
Para el Gobierno, con la expedición del nuevo marco tarifario se destraba la expedición del Soat. “La Adres es el que las determina”, dijo el ministro de Transporte.
Los otros males
Pero el represamiento en el Soat no solo está afectando la movilidad de los vehículos a los que se les venció el seguro, también a los procesos de compra y venta de unidades usadas.
“Si no se tiene el seguro vigente, no se puede realizar el traspaso de un automóvil o moto, ya que es un requisito. Lo mismo si se quiere hacer alguna modificación en la tarjeta de propiedad. Todo el sistema de control de tránsito está sincronizado con el Soat”, dijo Gómez.
Además de la escasez de pólizas de este seguro por represamiento en la expedición por parte de las aseguradoras, también se han incrementado las estafas a través de páginas internet.
“Es un seguro insostenible que desde hace muchos años viene presentando graves problemas de evasión, fraude, alta siniestralidad y reglamentación desactualizada, factores que hoy lo tienen al borde del colapso”, señaló Reyes.
El funcionario añadió que el Gobierno ha invitado al sector privado a conversar sobre el diseño e implementación de las soluciones que garanticen el correcto funcionamiento de este seguro. “Sin embargo, no se entiende por qué al día de hoy las compañías de seguros siguen sin querer expedir las pólizas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema” aseveró.
Por su parte, Gómez, de Fasecolda, indicó que de los 17,6 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con un Soat vigente, es decir un 47% evade el cumplimiento de esa obligación. Además, el 61% de las motociclistas no adquieren la póliza.
Lo anterior sin contar que, las aseguradoras detectaron cobros irregulares al seguro por cerca de $456.000 millones.
Es tal la crisis del Soat, que una de las compañías que ofrecía el seguro en el territorio nacional, Mapfre, decidió no brindarlo más.
Por su parte AXA Colpatria señaló que pone a disposición de sus clientes la venta del Soat a través de sus sucursales. “La compañía responde al cumplimiento para ofrecer la póliza en el menor tiempo posible”, indicaron voceros.
En la actualidad el seguro es ofrecido por Suramericana, Mundial de Seguros, La Previsora, Bolívar, Seguros del Estado, Liberty y La Equidad
