La Universidad Nacional presentó los avances del trabajo que viene realizando en torno al desarrollo de una propuesta interinstitucional que sirva para frenar y combatir la corrupción en el país.
Especial/24-7Semanario
El documento participaron expertos de la universidad, Transparencia por Colombia y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre otras instituciones.
El médico Eduardo Rueda, director de la Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizada por la Red para la Formación Ética y Ciudadana, y la Procuraduría General de la Nación, manifestó que “el objetivo es dar a conocer los puntos de vista de los expertos”.
Entre los aspectos que aborda el documento está la concepción de la corrupción no solo como una acción que implica ilegalidad, sino que también trabaja de forma compatible con la legalidad, esto en vista de que en torno a ella “hay movilización coordinada de poder institucional, de funcionarios públicos, de agentes de control, partidos políticos, élites, etc.”.
Sectores
Datos del Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia 2016-2020 muestran que entre los sectores más impactados por este fenómeno se encuentran: defensa, infraestructura, educación y salud. Por ejemplo, el 73% de los hechos afecta a entidades de la Rama Ejecutiva.
Además, indica que “las principales víctimas de la corrupción son niños, niñas y adolescentes, seguidos por los estudiantes y la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica”.
Acción institucional
Los expertos invitados fueron Gerardo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, y los profesores Max Yuri Gil Ramírez y Luis Giovanni Restrepo Orrego, de la Universidad Nacional, sede Medellín.
Durante su intervención coincidieron en elogiar la propuesta, señalando que esta es clara en su método, coherente y pertinente.
Con respecto a la pertinencia, el profesor Gil precisó: “La corrupción es uno de los principales problemas de la sociedad colombiana, no solo por su magnitud y el impacto que tiene sobre los recursos públicos, sino también por la manera como impacta a la sociedad, lo que significa afectar las relaciones de confianza entre el Estado y la ciudadanía”.
Para el académico, es evidente la necesidad de que haya un conjunto de acciones que tengan incidencia en la prevención, el seguimiento, la sanción y el ajuste en materia de corrupción.
“No solo está entre los políticos, también entre quienes no respetan las normas, entre quienes pasan por encima de la autoridad, cubren la placa de la moto, salen sin casco”, precisó.
Así mismo, los expertos opinaron que deberá actuarse en doble vía, tanto en el sector público como en el privado.
Para Hernández, director de Transparencia por Colombia, “anticorrupción y transparencia no son fines en sí mismos, también son herramientas para propósitos más amplios como la paz, la igualdad y la construcción de bienestar”.
Según el experto, existe un conjunto de elementos estructurales fundamentales difíciles de lograr: sistema judicial y de control independiente; empleo público meritocrático e independiente; y sistema público transparente. “Estos tres puntos deben ser el propósito del sistema democrático”.
Hallazgos para Colombia
Desde enero de 2013, Colombia hace parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, de modo que tiene el compromiso de tomar medidas para combatir el soborno transnacional.
Para el informe de este año, el país se mantiene en la categoría de implementación limitada, la misma que obtuvo en 2020. En esta clasificación se encuentran 17 países más signatarios de la Convención, entre los cuales se encuentran Italia, España, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Costa Rica. Solo Estados Unidos y Suiza son considerados como países con nivel de implementación activa.
El reporte señala que, de 2018 a 2022, en Colombia se abrieron tan solo tres investigaciones sobre soborno transnacional, de las cuales una terminó en sanción administrativa, y todavía no se emiten decisiones judiciales sobre casos de este tipo.
Entre las dificultades para avanzar se detectaron seis debilidades en el marco legal colombiano:
- Falta de acceso público al registro de beneficiarios finales.
- Falta de legislación para proteger a los denunciantes.
- Canales de denuncia insuficientemente adecuados y poco conocimiento sobre los mismos.
- Falta de legislación sobre la responsabilidad penal de las empresas.
- La discrecionalidad del fiscal general para usar el principio de oportunidad en cualquier investigación.
- El riesgo de politización en la elección de fiscal general.
Sin embargo, se han encontrado avances, como la Ley 2195 de 2022, expedida a principios de este año, que fortalece el marco legal para combatir el soborno transnacional, así como sanciones para delitos de falsedad contable, entre otros aspectos.
Desde 2019 se han radicado dos proyectos de ley para proteger a denunciantes, pero se han hundido en el Congreso, y aunque el Conpes 4070 estableció recomendaciones para protegerlos, aún no se resuelve el vacío legal.
Además, pese a que la ley 2195 de 2022 ordenó crear un fondo para reparar a “los afectados por actos de corrupción”, administrado por la Procuraduría y financiado con las multas que imponga un juez contra los responsables, todavía no se sabe cómo funcionará el fondo ni hay claridades sobre cómo se interpretará lo de “afectados por actos de corrupción”.
