El Gobierno anunció el pasado jueves que llegó a un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) para comprarle tres millones de hectáreas a los ganaderos que serán utilizadas para la reforma agraria.
Especial/24-7Semanario
Con la compra de tierras tres millones de hectáreas que el Gobierno Nacional hará a Fedegan, empieza lo que consideran algunos como el tercer componente de la reforma agraria. El primer componente fue la titulación y el segundo el arrendamiento a organizaciones campesinas de 125.000 hectáreas de tierras confiscadas a narcotraficantes.
Las fases
De la primera fase, el gobierno puso en marcha su propuesta con la entrega de títulos de propiedad de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes.
En esa primera fase, que irá hasta el 15 de noviembre, se entregarán los títulos de propiedad a 12.600 familias en 19 de los 32 departamentos del país.
La segunda fase y que se espera ser implementada dentro de muy poco, será el arrendamiento a organizaciones campesinas de 125.000 hectáreas de tierras confiscadas a narcotraficantes, que son propietarios de grandes extensiones, paso que se dará una vez se completen los trámites legales con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes sujetos a expropiación por ser su propiedad de origen ilegal.
Y la tercera etapa es la que se estableció esta semana con la compra a precio comercial de 3 millones de hectáreas de tierra a sus actuales dueños para luego venderlas a menor precio a campesinos o pequeños y medianos empresarios.
El anunció cayó bien en varios sectores del país porque consideran que se está escribiendo una nueva historia para Colombia.
Derechos del campesino
Cabe recordar que el pasado 17 de agosto algunos congresistas radicaron un proyecto que modificará el Artículo 64 de la Constitución para reconocer los derechos del campesinado.
“Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, dice la propuesta de articulado.
Según el programa de gobierno con el que se comprometió el presidente de Colombia Gustavo Petro, el campo colombiano será el eje articulador de la reactivación económica, la generación de empleo, la dinamización regional y la superación de la pobreza.
Ahora bien, será el campo precisamente quien tendrá el mayor reto de cumplir las expectativas en materia alimentaria, amén de las implicaciones que tiene la producción agroalimentaria en materia de seguridad nacional. Todo lo anterior con el propósito de saldar la deuda que tiene el país con el campesinado y los pueblos rurales.
El acuerdo
José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan, Lafaurie calificó el acuerdo logrado con el Gobierno Nacional como algo “histórico para el país” y explicó que su origen radica en que el presidente Petro, tanto en campaña como elegido, ha reiterado que va a cumplir el acuerdo que se firmó con las Farc cuyo presupuesto en tierras es de tres millones de hectáreas.
Por eso, para cumplir la demanda de tierras de campesinos que no las tienen o tienen insuficientes, el Gobierno trata de dar respuesta al acuerdo firmado.
“¿Cuáles son las fuentes? Una es la extinción judicial de dominio, la SAE (Sociedad de Activos Especiales) tiene una cantidad de tierras en procesos incautadas y ahí hay fuente importantísima para atender esa demanda. También hay otras fuentes como la expropiación y la extinción”, explicó Lafaurie.
El presidente de Fedegán agregó: “El Gobierno ha honrado su compromiso de diálogo y concertación, ha dicho: vamos a comprar la tierra fértil improductiva o más bien ociosa, aquella que no esté cumpliendo esa función social de atender para poder responder desde el punto de vista de agro inventario”.
Lafaurie también explicó que el acuerdo busca hacer una reforma rural integral, y destacó que el aspecto de la integralidad no es un asunto menor sino de fondo.
“Para evitar los fracasos de reforma que se hicieron a partir de la Ley 135 que hoy muestran cómo, de toda la tierra que se repartió, mucha menos de la mitad está en manos de los campesinos que originalmente la recibieron”, explicó.
Por eso, explicó Lafaurie, en esas tierras la capacidad de respuesta productiva ha sido relativamente pobre.
En la misma línea, sobre si los precios de estos terrenos son acordes a las expectativas o, como han denunciado algunos, cercanos a la expropiación, el presidente de Fedegán respondió que el Gobierno ha dicho que los comprará a precio comercial.
Proceso será transparente
Al respecto, la ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho que dentro de lo que tiene que ver con la compra de tierras con la propuesta que hizo Fedegán, está, se va a manejar con filigrana.
“Vamos a mirar las tierras que ellos nos ofrezcan y después el Instituto Agustín Codazzi tendrá que mirar los rangos de precios” sostuvo.
Así las cosas, la ministra López recalcó que este proceso será estricto en cuanto a la transparencia para definir los precios de las hectáreas y que una vez concluida esa etapa se llevará a región un paquete integral de desarrollo con todo lo que se necesita para producir.
Y agregó “debemos estimar cuánto vale la tierra, cuánto vale el apoyo para que produzcan y esas cifras las estamos refinando. Vale mencionar que estamos recibiendo ofertas de donaciones de tierras, pero debemos analizar si es productiva o no”.
Invasión de tierras
Frente al fenómeno que se afronta en Colombia sobre invasión de tierras, manifestando que detrás de este tipo de situaciones hay acciones e intereses particulares de unos cuantos, recordando lo dicho por la Procuraduría acerca de que hay hasta funcionarios públicos promoviendo las invasiones de tierras y haciendo negocios con “tierreros”.
La titular de la cartera del agro, fue enfática en manifestar que en Colombia hay protocolos estructurados para enfrentar las invasiones de tierras y por ende no se apoyará ningún tipo de acción de autodefensas, allí dijo “que quede claro, el Gobierno no puede apoyar ninguna actividad de autodefensa, clarísimo, eso no se puede apoyar, eso es una responsabilidad el estado de cuidar cuando se necesite, cuando se justifique y cuando se violen los derechos, es el Estado y en eso no podemos fallar, pero no se apoyan las autodefensas, digan lo que digan, no podemos repetir ni abrir un espacio para ese capítulo tan doloroso del país”.
En cifras entregadas por la cartera agrícola, a la fecha en Colombia hay 62 procesos investigativos, de los cuales 41 están ligados a invasiones, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de tierras; todos fueron catalogados como ilegales.
Reacciones al “acuerdo histórico”
Al respecto, muchos celebraron el acuerdo ante lo que sería la profundización en la solución al problema de tierras que ha habido en Colombia, que quedó establecido en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016, al ser un tema central en la prolongación del conflicto armado en el país.
Si bien desde el Gobierno se celebró la negociación: hasta el presidente Petro lo llamó “un acuerdo histórico”, otros sectores políticos, especialmente desde el centro cuestionaron que la forma de hacer realidad la reforma sea a través de lo que llamaron “la compra de tierras presuntamente despojadas”.
La senadora y defensora de los derechos de los animales, Andrea Padilla (Alianza Verde), dijo que, aunque entiende “la necesidad de esta compra de tierras para materializar los Acuerdos de Paz, (aunque muchas de ellas hayan sido, quizás, arrebatadas)”, no está de acuerdo con que se afirme que “el país le agradece a Lafaurie. No se equivoque ministra”, dijo.
De forma similar se manifestó la alcaldesa de Bogotá Claudia López quien señaló: “No hay recursos asegurados para primera infancia, educación, ni transporte público, pero ¿sí hay tres billones para Fedegán?. La paz es que los despojadores ofrezcan verdad, justicia y reparación. No que les den impunidad y de ñapa plata de nuestros impuestos”.
Juan Camilo Restrepo Salazar, ministro de Agricultura en la época de las negociaciones de Juan Manuel Santos, dijo que negociar con Lafaurie es “una vergüenza”, pues la reforma agraria no se puede apoyar en “las cuestionadas muletas de Fedegán”
Otro que dijo lo mismo fue el senador Humberto de la Calle, quien lideró la delegación del gobierno Santos en los Acuerdos de La Habana. “Buen punto el encuentro entre el Gobierno y los ganaderos. Pero no se pueden olvidar los mecanismos del Fondo Nacional de Tierras para incorporar baldíos, tierras inexplotadas y de extinción judicial para llegar a los 3 millones de hectáreas que se prometieron”.
De acuerdo con de la Calle, no era necesario acordar esa compra pues en 2016, cuando se firmó ese acuerdo “partimos de la base de que entre el 40% y el 50% podía ingresar recuperando tierra mal habida. Gratis. Hubo estudios técnicos. ¿Por qué se habla de comprar los tres millones del Fondo de Tierras?”, dijo el exjefe negociador de paz en su cuenta de Twitter.
Pese a eso, hubo muy buenas reacciones también, incluyendo otras de personas vinculadas a ese proceso como la senadora y firmante Sandra Ramírez, quien aplaudió la noticia y dijo que es correcto comprarlas “para entregárselas al campesinado para producirlas. De esta manera se empieza a materializar la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral”, dijo.
