El Acuerdo de Escazú es una herramienta jurídica que busca proteger al medio ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Distintos gremios empresariales y algunos sectores políticos se oponen a la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Especial/24-7Semanario
Con 73 votos a favor y 23 en contra, el acuerdo de Escazú fue ratificado por el Senado de la República y ahora será debatido en la Cámara de Representantes. el cual, de ser aprobado, pasará a la Corte Constitucional para iniciar su implementación.
El tratado se enfoca en el medio ambiente, la información y la protección de los líderes ambientales, tema que para Colombia es bastante crítico porque en 2020, el país fue la nación con más líderes ambientales asesinados en el mundo.
¿De qué trata el Acuerdo de Escazú?
Este acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, por 24 países de América Latina en 2018, entre ellos Colombia. Y se convirtió en el primer tratado ambiental regional de América Latina y el Caribe, que hasta el momento ha sido ratificado por un total de 13 naciones.
En el caso de Colombia el proyecto para ratificar fue presentado por el Gobierno en 2020 con mensaje de urgencia. A pesar de ello, tuvo muchas dificultades para avanzar en su trámite debido a las dudas que manifestaron varias bancadas como la del Centro Democrático y Partido Conservador, y la mayoría de gremios.
En abril pasado, la Comisión Segunda del Senado le dio la aprobación a un nuevo proyecto que presentó el Gobierno, lo que motivó otro llamado de los gremios al Legislativo, en cabeza del Consejo Gremial, a que suspenda su trámite por los efectos que considera provocaría en el desarrollo, la economía y el empleo.
No obstante, el llamado no fue atendido y como se dijo el proyecto fue aprobado esta semana por la plenaria del Senado en segundo debate, teniendo en cuenta el ambiente favorable a la iniciativa que ahora existe por las fuerzas dominantes en el Congreso.
Las bases de este acuerdo son tres: acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental. Es decir, brindar más herramientas para que todos tengan conocimientos y posibilidades de entender lo que se está haciendo en materia ambiental durante la ejecución de los proyectos de desarrollo, así como opciones de defensa y justicia.
Para entenderlo mejor, profundicemos en las intenciones de cada punto:
Acceso a la información: Si bien los proyectos ambientales deben ser divulgados, a menudo están llenos de secciones técnicas y especializadas que dejan poco claro para las comunidades lo que va a suceder, y mucho menos cómo las afectará. Por lo tanto, el acuerdo apunta a que todas las personas puedan conocer esta información preguntando al gobierno, que tendrá 30 días para responder y brindarla de manera clara, además de contar con plataformas para realizar consultas de manera sencilla.
Cada país firmante del Acuerdo contará con uno o varios sistemas de información ambiental actualizados, que podrán incluir, entre otros, los textos de tratados y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y actos administrativos sobre el medioambiente, el listado de zonas contaminadas por tipo de contaminante y localización.
Participación de la audiencia: Básicamente, aquí lo que se busca es que la ciudadanía tenga voz en la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo que afecten al medio ambiente ya la propia comunidad.
Dice que cada parte promoverá la participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, examinaciones y actualización en asuntos ambientales de interés, tales como el ordenamiento del territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias, normas y reglamentos que puedan tener impacto sobre el medioambiente.
De igual forma se adoptarán medidas para que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso, “de manera que las decisiones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos”.
Asimismo, se deben crear mecanismos para que las comunidades indígenas puedan acceder sin problemas por el idioma, que también tendrá un valor importante en el proyecto.
La justicia ambiental: Esta sección se divide en dos. Por un lado, las personas podrán utilizar los tribunales y mecanismos para resolver controversias si no se cumplen los dos puntos anteriores (participación y acceso a la información), así como para defenderse si se ven afectados por el desarrollo.
Se garantizará el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso.
Agrega este Tratado que, en el marco de su legislación nacional, los países firmantes deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento sobre cualquier decisión, acción u omisión relacionado con el acceso a la información ambiental, así como por la toma de decisiones en esta materia y cualquier otra decisión que pueda afectar el medioambiente.
Y la otra parte es defender a los líderes ambientales y respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Cada país parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones e inseguridad.
En ese sentido indica que se tomarán medidas oportunas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Este aspecto del Tratado es un reto grande para el país pues la violencia contra los líderes ambientales es alta. Según la oenegé Global Witness, en su informe 2020, los asesinatos de ambientalistas alcanzaron la cifra récord de 227, la mayoría en Colombia y México.
Finalmente, es importante entender que el Acuerdo menciona en su articulado que las leyes de cada Estado no cambiarán como consecuencia de su implementación por lo tanto, no habría razón para que países o entidades ambientales intervengan a nivel internacional para aplicarlo, crear nuevas leyes o modificar la justicia.
Uso y conservación de los recursos naturales
Establece también que cada parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medioambiente, que la autoridad competente divulgue de forma inmediata toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
Temores de gremios
Desde hace más de dos años gremios como la SAC, Naturgas y el propio Consejo Gremial Nacional mostraron su preocupación por los efectos de este Acuerdo en el país.
El Consejo Gremial en su reciente comunicación al Gobierno y al Congreso sobre esta ratificación señaló en una misiva que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso -por ende inconveniente- para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”.
El Consejo Gremial Nacional expresó que “el Acuerdo de Escazú permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico”.
Dijo también que el Acuerdo de Escazú “no admite reservas y establece la supremacía de una entidad multilateral, para resolver las eventuales controversias que se presenten entre las partes en cuanto a su aplicación e interpretación. Obliga a los Estados Parte a acatar decisiones de un tribunal por crear o de la Corte Internacional de Justicia, a la que Colombia renunció, con ocasión de la disputa territorial y marítima con Nicaragua”.
Considera también el Consejo Gremial Nacional que este Acuerdo es innecesario en el país porque varias de sus disposiciones las contempla la normatividad local.
“La protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento y empleos», señala el Consejo Gremial.
Por su parte el Centro Democrático y algunos congresistas de oposición, consideran que su ratificación supone riesgos para la soberanía del país al permitir que una jurisdicción internacional influya frente a temas ambientales.
