Si bien en cierto y no es un secreto, el mayor violador de los derechos laborales en Colombia es el mismo Estado, y es que esto no es de ahora, es una práctica de gobierno tras gobierno y en la que se realiza el mismo “modus operandi” y es la utilización de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, como medio para no garantizar los derechos laborales a miles de colombianos.
De este modo y en aras de acabar con el mal manejo que se la ha dado a los CPS, el gobierno Petro mediante la FUNCIÓN PÚBLICA el pasado 29 de diciembre expidió una circular No. 100-005 2022 donde fija los Lineamientos Del Plan De Formalización Del Empleo Público En Equidad – Vigencia 2023, llama la atención de esta circular que establece para los CPS un término de duración de 4 meses máximo en los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, además de ello la elaboración los estudios técnicos requeridos así como establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran.
En la actualidad según función pública existen 930 mil contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión desde el ente nacional hasta el territorial, cabe resaltar que pese a las “buenas intenciones” del gobierno Petro para garantizar los derechos laborales de miles de colombianos, no es claro el alcance y vinculatoriedad de la Circular Conjunta 100-005-2022 y la Circular Conjunta 01 de 2023, frente al principio de constitucionalidad de autonomía de las entidades territoriales, además de ello existe duda respecto a la competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela de Administración Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para reglamentare los CPS mediante circulares conjuntas.
Con esta improvisación, estamos frente a toda una situación que puede llevar a una catástrofe con relación a temas de empleabilidad en Colombia; según el pronóstico para este 2023, un año de inicios con una inflación de 13,12% históricamente la más alta y nunca antes vista en nuestro país, panorama que no pinta nada bien, y frente a esta “buena intención” de garantizar los derechos laborales, esta toma de decisión podría empeorar la situación actual de nuestro país, pues la cifra 930 mil personas y hogares quedaran a la deriva en una incertidumbre económica, pues su único sustento, es precisamente los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.
Además de lo anterior, estamos frente a un año electoral y ante una Ley de Garantías que entra en vigencia 4 meses antes de las elecciones, es así como los actuales órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial están de cara a una misión titánica si es que dan cumplimento a estas circulares, me surgen precisamente una serie de preguntas especialmente para las alcaldías y gobernación:
- ¿Qué equipos, personas y recursos necesarios y suficientes tienen para realizar estudios de carga laboral?
- ¿Qué espacio fiscal tienen para implementar una planta de empleo temporal, de conformidad con los límites de gasto contemplados en la Ley 617 de 2000
En resumidas cuentas, abolir el contrato de prestación de servicios en un país, no es una medida correcta porque limita y restringe las oportunidades de acceso al trabajo, que hoy son tan necesarias, en las economías de América Latina, para disminuir las cifras de desempleo, aumentar la formalización y las oportunidades que sirven para que la economía se fortalezca.
Con improvisación no se juega Gobierno Petro.
