Cuando evocamos el término de ciudad, podemos abarcar amplios pilares fundamentales encargados de darle estabilidad y desarrollo a la misma, entre los cuales se encuentran la educación, la salud, la cultura, las oportunidades laborales, y por supuesto, uno de los principales aspectos que más exigen las ciudadanías en general a cada gobierno, mejorar la perspectiva de seguridad en cada uno de sus territorios.
Cada día que pasa somos receptores de noticias indignantes a lo largo y ancho del país en donde los principales protagonistas siempre resultan ser los mismos, una combinación de inseguridad que siempre incluye a la injusticia generando una mayor impunidad. Una mezcla peligrosa y con un sabor bastante amargo entre los habitantes.
El Huila como todos los departamentos en Colombia, no ha sido la excepción y por el contrario ha sufrido en cuerpo propio el flagelo de la violencia. La inseguridad ha ido permeando poco a poco, al punto que cada municipio ha sido testigo de cómo este fenómeno ha hecho presencia en sus territorios, incluso golpeando a Neiva.
El miedo y la zozobra que se vivía en los territorios más apartados del país se han trasladado y se han vuelto fieles compañías de todos los colombianos en general. La población ya indignada exige a gritos más seguridad en sus territorios, y con justa razón.
Es desafortunado lo que sucede no solamente en Neiva sino en todo Colombia, la pandemia ha dejado en evidencia graves problemas estructurales que hoy padece el estado colombiano, en donde la inseguridad es uno de los temas que más preocupa.
Sumados a todos esos problemas que tiene el país por solucionar, encontramos las malas decisiones gubernamentales que se han tomado a nivel nacional y que personalmente considero han sido punto de partida, además de un gran detonante para que este fenómeno se encuentre en aumento.
La ambición de hacer trizas el Acuerdo de Paz firmado con las FARC, ha sido el principal motivo del fracaso de la seguridad en Colombia. Sumado a eso encontramos el Decreto Legislativo 546 del 2020, el cual sustituyó la pena de prisión y medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por detención domiciliaria en el lugar de residencia a aquellas personas que se encontraban en un mayor grado de vulnerabilidad frente al coronavirus. Cerca de 5 mil personas privadas de la libertad se beneficiaron con esta medida, muchos de ellos con delitos de hurto en sus antecedentes, sin duda un premio a la impunidad.
Otro punto de quiebre para la seguridad colombiana fue el acceso deliberado de los hermanos venezolanos a suelo colombiano, sin un control, sin mayores requisitos, simplemente con la voluntad y ganas de escapar de un régimen opresor. Ni hablar de la alcahuetería de nuestro sistema penal, el cual en vez de castigar a los delincuentes, muchas veces se les premia con la libertad o en el peor de los casos con detención domiciliaria, así tuviera un prontuario delictivo bastante amplio.
Las malas decisiones nacionales, la ambición de hacer trizas el Acuerdo de Paz, el excesivo garantismo en nuestras leyes, sumado a todos los problemas de fondo que hoy sumergen al país como la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales, son las principales causas de que la inseguridad en Colombia se encuentre vigente. Mientras no haya una solución de fondo, la sana percepción de seguridad difícilmente volverá a nuestras regiones, o por lo menos por un par de años más.
