La aplanadora gubernamental se ha venido aprovechando para sacar adelante importantes iniciativas que buscan reformar algunos organismos de control, que están amenazando la estabilidad de las finanzas públicas nacionales, por el aumento desbordado de la fronda burocrática, que implica un aumento de los gastos de funcionamiento. Al finalizar las sesiones ordinarias del Congreso de la República durante la presente semana, se aprobaron algunos Proyectos de Ley, entre los cuales se encuentra, el relacionado con el ejercicio del Control Disciplinario que ejerce la Procuraduría General de la Nación. Es una reforma legislativa clave. Con su aprobación se fortalece la vigilancia administrativa efectiva sobre miles de funcionarios y servidores públicos.
Se trata del proyecto de ley que ajusta el funcionamiento de la Procuraduría a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado emplazó al país a perfeccionar algunas garantías procesales para los elegidos por voto popular. Recordemos que tras el fallo del Sistema Interamericano de Justicia en favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro por la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, se ha creado “de facto” una interinidad en miles de procesos contra mandatarios y exmandatarios que la mencionada reforma apunta a solucionar.
Tras su aprobación, se deja viva la institucionalidad de la Procuraduría, sino que es un apoyo al país y al respeto por lo que son las instituciones básicas de un Estado social y democrático de derecho. Con ello, se avecinan negros nubarrones sobre el futuro de la aspiración presidencial de este precandidato, a menos de un año de las justas electorales para elegir el primer mandatario de los colombianos.
Se estima, que el costo adicional para el gasto público representa cerca de tres billones de pesos. Igual sucede con la reciente reforma al control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República, que representa un mayor gasto de dos billones de pesos. En el mes de marzo del presente año, el gobierno nacional, autorizó incrementos superiores al 30% al personal de la rama de la justicia, que no se ajusta con la verdadera realidad financiera que vive el país.
Pero contrario a lo sucedido durante las sesiones legislativas, que finalizan este fin de semana, el Congreso de la República, rechazó de plano, el Proyecto de Ley que buscaba implementar la matricula cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas. La iniciativa buscaba que los estudiantes de estratos bajos de las universidades públicas tuvieran matrícula gratuita. Este miércoles, en la Comisión Sexta del Senado, se hundió el proyecto de ley que buscaba que las matrículas de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fueran gratuitas.
Por lo menos hay un respiro. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, también se pronunció en sus redes sobre la implementación de este tipo de financiación. Según la jefa de esta cartera, la “Matrícula Cero” ya es una realidad que cubre el segundo semestre de 2021 y continuará en 2022, para convertirse en política de Estado. Esperemos que sea una realidad. Es la aspiración de miles de padres de familia y de los estudiantes para aliviar en parte la situación social y económica en que se encuentran. Destinar $600.000 millones de los impuestos al pago de la matrícula de los universitarios más necesitados es muy oportuno porque ayuda a la calidad de la educación universitaria. Apoyemos la matricula cero.
