Desde una multa entre 400 y 1.200 salarios mínimos, hasta prisión de 4 a 9 años puede pagar si está relacionado con la compra o venta de votos que aumenta en vísperas a la jornada electoral del 13 de marzo.
El tráfico de votos es un delito penal que en su mayoría se comete por entrega de dinero o de bienes en especie: regalos, electrodomésticos, muebles, incluso material de construcción para ayudar a algún candidato.
Especial/24-7Semanario
Con las recientes declaraciones de Aida Merlano y cómo se compraban votos y se financian campañas políticas en la costa, volvió a debate la compra de votos en Colombia, sobre todo en un momento en el que el país se apresta a elegir este 13 de marzo representantes a la Cámara y senadores.
Lo cierto es que, a estas alturas, muchas regiones del país están tratando de definir las elecciones a punta de billete y lo que ha confesado Aida Merlano, no es secreto, es más, no es la única depositaria de los teje manejes de una práctica que lamentablemente se ha ejercido tanto que para muchas personas se convirtió en lo natural.
Clientelismo
En Colombia existen unas empresas electorales que muchas regiones determinan las elecciones locales y de congreso consiguiendo votos primero a punta de favores, amiguismos y contratos y pagándolos con billete, así lo explica Luis Armando García, abogado y quien ha ejercido como asesor jurídico de campañas políticas.
“Casi siempre cuando una persona se va a lanzar a un proyecto político va a respaldado por un cacique que tiene ya un poder político consolidado” sostiene el jurista.
De acuerdo con García, esas maquinarias clientelistas son el corazón de la política tradicional en Colombia y las financia empresarios y gamonales a los que sacar mandatario en una gobernación o alcaldía capital les puede costar entre 30 mil y 60 mil millones de pesos.
“Dependiendo por ejemplo de si hay otras maquinarias peleando por el mismo cargo un asunto que siempre encarece las campañas, para hacerlo usan las entidades y la contratación públicas y tienen como sostén en la base de su pirámide a unos personajes que son protagonistas centrales de esta historia de clientelismo y plata” afirma Luis Armando García.
La operación
En todo este entramado de corrupción electoral hay personajes claves que son los denominados líderes; ellos, son los encargados de ir barrio a barrio, consintiendo los votantes para garantizar sus apoyos antes de la elección; este es un trabajo que se inicia meses atrás y que en época electoral se intensifica con mayor ahínco.
“Hay campañas que tocan a los líderes desde diciembre del año anterior al proceso electoral porque ya comienzan con el tema de los regalos para la navidad y comienzan a tocarlos en ese momento. El jefe llama a su líder y dice: bueno, cuantos votos me vas a poner y cuánto me va a costar eso” manifiesta García.
¿Y cómo los compran?
El proceso hoy día es muy sofisticado; es más, en su momento cuando se denunció lo de Aida Merlano, la operación era tan perfecta e indetectable para las autoridades que fue gracias a un “soplón” que se pudieron dar cuenta.
Hoy día, la compra de votos sigue teniendo unos líderes, que son los que hacen unas zonificaciones, dan un dinero, llevan registros, tienen computadores, registran cédulas, y tienen información de en qué puesto de votación debe votar el ciudadano al que le compraron el voto; dan un 50% y el día de elecciones dan el otro 50% del recurso acordado bajo previa evidencia.
Por voto se puede pagar entre $50.000 y $100.000. El líder comunal le paga la mitad de ese monto a la persona que vota, y además le ofrece el transporte hasta el punto de votación y el almuerzo, todo costeado por la campaña política.
Para el líder, entonces, el negocio es redondo. Entre más listados tenga, más gente maneje, más gana. Si garantiza, por ejemplo, 400 votos a tarifa plena, $100 mil, recibe $40 millones. Como paga cada voto a mitad del precio que lo vende, $50.000, le quedan $20 millones libres. El poder en Colombia se vende al mejor postor.
Todo se paga en una casa que por lo regular está ubicada cerca de los puntos de votación. No hay recibos, cheques, consignaciones. Se cancela en efectivo, incluso el dinero que recibe el líder. Es una manera de protegerse, no dejar pistas. Esos recursos, según explicó una fuente que pidió no ser identificada, se legalizan inflando otros gastos de la campaña: almuerzos, refrigerios, transportes, viajes, publicidad.
Y el pago
Para poder recibir el pago, cada persona debe entregar, en la casa, la fotocopia de su cédula y del certificado electoral. Cuando terminan las votaciones y se conocen los resultados, se cruza la información.
El líder, previamente, le ha entregado a la campaña política el listado que incluye el nombre de la persona que vota, el número de cédula y su lugar exacto de votación (jamás números de contacto o direcciones de su gente para evitar que el candidato los ubique por su cuenta).
Entonces, si en el listado dice que en la mesa 20 de la escuela X van a votar 25 personas por el candidato que compra los votos, una vez se conocen los resultados se verifica que en esa mesa esté efectivamente marcado ese número de tarjetones. Así se certifica la trampa.
A las campañas políticas que incurren en estas prácticas les interesa que los votos estén concentrados en uno o dos sitios de votación. Les interesa que la gente vote en una misma escuela, en un mismo coliseo, no que diez voten en la Comuna X y otros en las demas. Lo que se pretende es que les sea más fácil asegurarse que los votos que compraron fueron a las urnas. Además, les saldría más costoso transportar a la gente por toda la ciudad que a uno o dos sitios de votación.
Los ‘facilitadores’ de esas campañas son en realidad gente preparada, con estudios universitarios, pero sobre todo que ha trabajado o esté trabajando en política, nombrados en cargos públicos.
El día D
Ahora bien, durante la jornada de elecciones para identificarse como ese día está prohibida la publicidad, cada empresa electoral usa distintivos como flores, animales o una letra para que sus votantes puedan identificar los carros que lo van a transportar o las personas que les van a pagar por el voto y cuando finalizan las votaciones los que ganan celebran.
“Su pastel son los recursos de todos y llegan al poder público a pagar con burocracia y en ocasiones con la contratación a quienes lo financiaron y a contar con más capacidad de seguir haciendo favores y acumulando capital para continuar reproduciendo en el poder” señala Luis Armando García.
Por ejemplo, en la Costa Atlántica el valor promedio de un voto es de 60.000 pesos más el refrigerio y el transporte. Además, por la zonificación se llega a pagar hasta 30.000 pesos.
La modalidad principal es la del líder o ‘mochilero’, que busca a los votantes y reparte los recursos. Y la otra modalidad es la de los listados, también entregados a estos líderes de los barrios para que consigan a los votantes y hagan toda la transacción; un ‘modus operandi’ que se ha extendido a todas las regiones del país.
Elección de senadores
Y es que, para los entendidos en el arte de la política, desde que se promulgó la Constitución de 1991 que estableció la Circunscripción Nacional para el Congreso de la República, soterradamente trajo consigo la corrupción electoral.
Cada cuatro años, cuando se aproxima la elección; para las legislativas, los candidatos a la llamada cámara alta inician sus correrías por diferentes lugares del país en busca de votos donde invierten millonarias sumas de dinero en compra de votos.
Los gastos de la elección de un Senador son diferentes según el tipo de candidato que se presente; por ejemplo, elegir a uno conocido es mucho más barato que a una persona desconocida o que no cuente con la reputación, el nombre ni el prestigio del citado, los costos de van a incrementar.
Mientras que el primero puede invertir unos 150 millones de pesos, el segundo, según cálculos de personas entendidas en estos temas, tendrá que hacer una inversión mínima entre cuatro o cinco mil millones de pesos, sino, es más.
Cada voto para la campaña al Congreso del 13 de marzo del 2022, está tazado entre 250-300 mil pesos, según los entendidos en esta materia.
Los topes de cada campaña son fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero al momento de rendición de las cuentas, las campañas llevan dos contabilidades: una para mostrar al CNE y otra por debajo de la mesa que lleva implícita la compra de votos.
Sanciones
Desde una multa entre 400 y 1.200 salarios mínimos, hasta prisión de 4 a 9 años puede pagar si está relacionado con la compra o venta de votos que aumenta en vísperas a la jornada electoral del 13 de marzo.
El tráfico de votos es un delito penal que en su mayoría se comete por entrega de dinero o de bienes en especie: regalos, electrodomésticos, muebles, incluso material de construcción para ayudar a algún candidato.
Según la Misión de Observación Electoral la compra de votos requiere de meses de preparación y una importante organización logística liderada en ocasiones por las personas que organizan a los votantes en grupos (llamados “líderes”) y coordinan la entrega de dádivas y dinero, y es aquí cuando son ellos quienes incurren en el delito de tráfico de votos.
Asimismo, la MOE ha observado por lo menos cinco mecanismos de verificación entre los que están:
Carrusel: esta modalidad requiere la obtención de una tarjeta electoral válida, que es marcada en el sentido deseado y entregada por quien compra el voto a quien lo vende.
Medalla: en este caso, la verificación del voto requiere de la complicidad de un jurado de votación con quienes compran el voto, pues este último verificará el sentido del voto en la tarjeta electoral que depositará el ciudadano.
Fotografías: el uso de las cámaras de celular es la estrategia más utilizada para verificar el voto actualmente.
Testigos: Debido a la cercanía que tienen los testigos electorales a la mesa y a los cubículos de votación y al rol que desempeñan, se les facilita verificar quiénes y por quién votan; de esta forma se convierten en el elemento verificador.
Acompañantes: Ciudadanos que acompañan adultos mayores o personas con alguna discapacidad pueden ingresar hasta el cubículo y marcar la tarjeta electoral si así lo permite el votante.
