El desespero del Gobierno Nacional en la búsqueda de encontrar un equilibrio de sus finanzas públicas, ha venido generando entre los diferentes agentes de la economía, mecanismos de concertación con todos actores de la vida pública. Este sano ejercicio debió haberse realizado antes de la presentación a consideración del Congreso de la República, de la nefasta Reforma Tributaria a finales del mes de abril, que sirvió de florero de Llorente para que se iniciara el más grande estallido social y político del presente siglo en todo el país.
Aunque el ejecutivo persiste en presentar una nueva modificación de la estructura tributaria del país, a partir de las sesiones ordinarias del legislativo que se inician el próximo 20 de julio, es inconveniente para las familias colombianas, así se mantenga el disfraz que supuestamente no van a lesionar los ingresos de los sectores de la clase media y de los sectores más pobres y vulnerables del territorio nacional.
La anterior afirmación, aunque parezca inconveniente dentro del contexto de la racionalidad económica, la realidad es que, ante cualquier incremento de los impuestos al sector empresarial, va a generar un alza en los costos de producción de los bienes y servicios. Por lo tanto, no los van a sufragar los propietarios de estas organizaciones. Se los van a trasladar directamente a los consumidores. No esperemos que sus tasas de ganancia se sacrifiquen. Toda la sociedad de manera indirecta, terminaremos pagando los recursos adicionales que se obtengan de esta pretendida reforma tributaria. Es la pura realidad. El paganini será la sociedad colombiana, así traten de disfrazarla el alto equipo del gobierno nacional.
La población que soportará el incremento de los precios verá su calidad de vida reducida. Se les pide a los conglomerados económicos que asuman este peso del recaudo. Pero ellos conocen como trasladar estos mayores costos a los precios de los bienes y servicios que consumimos. Pero mientras crecen el populismo y la desinformación, hacen mucha falta los datos duros y confiables que orienten el debate por fuera de los intereses particulares. Sin algo así, y ya corriendo un año electoral, nos tememos que la reforma se aprobará llena de remaches al servicio de esos intereses. Es una historia conocida, en la que siempre pierde Colombia.
La sociedad colombiana espera de sus legisladores posiciones y alternativas que estén lejos de discursos populistas y en consecuencia con la actual realidad social, económica y sanitaria. De lo contrario, se corre el riesgo de hundir o postergar una iniciativa que es fundamental para definir la ruta de sostenibilidad del país en el futuro inmediato.
A 10 meses de las elecciones, es alta la tentación de desviar los asuntos de fondo o de ganar puntos fáciles ante la opinión pública con la mira puesta en las urnas. La magnitud del déficit, la profundidad de la crisis y la fragilidad social hacen a la reforma merecedora de un debate técnico y responsable. Debemos ser más objetivos.
Se deben buscar nuevas formas para buscar nuevas fuentes de financiación.
