Esta semana se cumplieron cinco años de la firma de los acuerdos de Paz en Colombia; un acuerdo que al menos acabó con más de 50 años de conflicto armado que dejaron más de 200.000 muertos y millones de desplazados. ¿Qué se hizo y qué queda pendiente de lo negociado?
Especial/24-7Semanario
Cinco años atrás, los firmantes del Acuerdo de Paz, acordaron seis puntos: reforma rural integral, participación política, finalizar realmente la guerra, resolver el problema del narcotráfico, reparación de las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado.
“Lo que mejor ha funcionado es lo que tiene que ver con el punto 3, en materia de reincorporación, cese al fuego, dejación de armas”, estima Daniel Cano, coordinador político del Instituto Kroc. Cano subraya la importancia del “acompañamiento internacional para acompañar el acuerdo con recursos para impulsar su implementación”.
Colombia, acuerdos de paz
Pese a estos avances, queda mucho camino por recorrer. “Los temas que más dificultades han tenido tiene que ver con, fundamentalmente, aquellos programas que son de largo plazo, como la reforma rural integral, todo el punto 1 del acuerdo final. Específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a tierras por parte de campesinos pobres y comunidades indígenas”, explica Daniel Cano.
Otro de los puntos pendientes es “mejorar la situación socioeconómica de esas comunidades que han sido más afectadas por el conflicto. Estos son los temas que van a llevar más tiempo y son más lentos”.
En cuanto a cuáles son los obstáculos para cumplir con la entrega de tierras como a tomar en cuenta las necesidades de los sectores más postergados en el acuerdo, Cano considera que “lo ambicioso del acuerdo es uno de los principales retos porque se habla de que de este Fondo de Tierras 3 millones de hectáreas deben quedar a campesinos en todo el país. Y eso implica identificar esas hectáreas, dónde están, incluirlas en el Fondo de Tierras, identificar a los beneficiarios y eso, en un contexto como el de Colombia, donde hay unas dificultades no sólo a nivel territorial, sino material y de seguridad que hacen que ese proceso sea complejo”, analiza.
Al mismo tiempo, Colombia vive una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las FARC.
Pese a que el acuerdo desarmó a la otrora guerrilla más poderosa de América, aún operan varios grupos de rebeldes que se marginaron del pacto y bandas dedicadas al narco que se disputan las rentas del negocio de la droga.
ONU respalda proceso
Y es precisamente que, a cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres destacó en su último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU que en Colombia el proceso de pacificación todavía representa “una fuente de inspiración para el mundo”.
Sin embargo, advirtió que tanto las partes, como la sociedad colombiana y la comunidad internacional, no han de omitir “los enormes desafíos y factores de riesgo” a los que se enfrenta la consolidación de dicho proceso a largo plazo, principalmente focalizado en la violencia y especialmente en territorios indígenas y afrocolombianos.
“Es en zonas como esas donde la implementación de la reforma rural integral y las acciones para fortalecer la presencia integrada de las instituciones del Estado harían una mayor diferencia para frenar la violencia”, indica el titular de la ONU.
Muerte de excombatientes
El último reporte de António Guterres, que abarca el período del 26 de junio al 24 de septiembre de 2021, informa sobre el asesinato de 14 excombatientes de las FARC-EP, lo que eleva la cifra de fallecidos desde la firma del Acuerdo a 292.
La Misión detectó un importante deterioro de las condiciones de seguridad de las y los excombatientes en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde se concentran más de un tercio del total de los asesinatos.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tuvo conocimiento de 43 asesinatos de defensores de los derechos humanos, elevando hasta 158 el número de homicidios contra activistas durante el año pasado. Además, se documentaron 11 masacres que dejaron 38 víctimas, mientras que otras 16 siguen pendientes de verificación.
La continua violencia también provocó desplazamientos masivos y confinamientos, en especial en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba y Nariño, afectando particularmente a comunidades indígenas y afrocolombianas.
Reincorporación
Con relación al proceso de reincorporación, Guterres destacó que avanza pese a los desafíos y que gracias a la determinación de las partes y “a la comprensión mutua de la importancia de sentar adecuadamente las bases del proceso”, se han conseguido resultados que merecen conservarse y desarrollarse.
“Los esfuerzos por consolidar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, incluida la compra de tierras, son un paso adelante, y exhorto a las partes a que ideen conjuntamente soluciones para que todos los excombatientes, ya sea en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en las nuevas áreas de reincorporación o en zonas urbanas, tengan acceso sin demora a las oportunidades necesarias para que su transición a la vida civil pueda afianzarse”, detalla el informe.
Durante el periodo cubierto por el informe, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó nueve proyectos productivos colectivos lo que eleva la cifra a 99. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización aprobó 481 proyectos individuales, llegando a la cifra de 3190.
Actualmente, más de 7000 excombatientes se benefician de proyectos productivos, es decir el 54% de los 13.608 excombatientes acreditados.
Aplausos a la JEP
El informe también resaltó el papel fundamental del sistema de justicia transicional. El Secretario General aplaudió especialmente la labor de la Comisión de la Verdad, resaltó el avance significativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y destacó la labor de la Unidad de Búsqueda, que ha entregado los restos de 123 de personas desaparecidas a sus familias.
