La mujer, desde remotos tiempos, ha padecido la opresión del machismo dominante. Nuestro país la ha heredado como un comportamiento infortunado, pues de ahí se desprende la violencia de género, que hace poco era considerada como un asunto de familia que debía resolverse a puerta cerrada.
Hemos sido testigos de un crecimiento desalentador en las cifras de violencia de género, a manos de ex parejas y personas del círculo cercano a las víctimas. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, se registran 622 casos durante 2021 y, en este mismo periodo en 2022, 307.
La situación no se reduce a cifras, el tema es más delicado. El miedo, la falta de garantías, la carencia de lugares adecuados que permitan el respeto a la intimidad de las víctimas, así como la ausencia de un equipo humano especializado para atender este tipo de situaciones, un sistema judicial ineficiente e ineficaz, es el pan de cada día, ya que cuando ellas deciden denunciar, la justicia NO HACE NADA.
Existen situaciones de violencia muy interiorizadas en la sociedad que no ha permitido a las víctimas hacer eco en los estrados judiciales, porque muchas veces son motivo de burla. Lamentablemente no se ha entendido que, para llegar a un acto de feminicidio, se recorre un ciclo profundo de actos de violencia que se traducen en actitudes psicológicas hostiles, bromas hirientes, acusaciones falsas, comparaciones simbólicas, reclamos patrimoniales, acoso sexual callejero y conyugal, entre otros.
Precisa entonces, un mayor interés en aumentar las campañas de prevención, las rutas de atención efectivas que garanticen los canales de denuncia y restablecimiento de la confianza para que la mujer sienta respaldo y garantía por parte del Estado, frente a la protección de su integridad, dignidad y libertad.
En este contexto, los gobiernos locales adquieren especial relevancia por ser territorialmente los más cercanos a la comunidad. Su compromiso en el liderazgo y promoción de un rol estratégico para la planificación, acción y control por la equidad y la erradicación de la violencia de género, se hace cada vez más imperativo.
Se requiere asegurar la participación de la ciudadanía en estos procesos, capacitando transversalmente en perspectiva de igualdad de género y siendo proactivos en la articulación pertinente y efectiva con otros niveles territoriales y con las mismas comunidades.
Construir igualdad con equidad sólo es posible entre todos. Debemos poner fin a la normalización de estas conductas y no permitir que se invisibilicen las violencias, promover el empoderamiento de las mujeres y trabajar en la promoción igualitaria que facilite mantener una relación horizontal e idéntica entre géneros. Las medidas a tomar son urgentes.
La mujer como ser natural, social, cultural y político, es digna de respeto por parte de todos los Estados.
