Sin temor a equivocarme, creo que más del 80% de los Huilenses hemos tenido que acercarnos a las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, con sede en Neiva, y la experiencia es común para todos, cero resultados y los pocos se consiguen luego de una lucha permanente contra la exigencia de dadivas presuntas, de la desatención permanente, de la paquidermia de su personal, de la desconexión de sus funcionarios con las necesidades y afanes de sus usuarios, incluida la imposibilidad de acceso a dialogar con su director que funge como un emperador en su trono en ruinas, entre otros.
En síntesis esta entidad está encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; definir los avalúos catastrales y comerciales de los predios urbanos y rurales (en muchos casos como en Rivera – Huila donde los predios se avaluaron en un 200 y 300% más de lo que estaban, lo que llevo a asonadas en el gobierno anterior) todo lo anterior día a día en un acelerado desastre administrativo e incumpliendo sus funciones legales y constitucionales, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos frente a la información de sus propiedades.
Todo o anterior seria poco cuando hoy encontramos una entidad sin dirección, por lo menos en Neiva, donde desde el horario fijado es maluco, donde manda mas el celador de turno, estando poco informado, donde de cinco ventanillas solo funcionan dos, donde solo los días lunes se atiende personal para solicitar certificados, donde el usuario debe pagar entre quince mil a ciento quince mil pesos, donde no hay comodidad pues los aires ya no funcionan, donde las sillas están dañadas, donde las paredes están carcomidas por los hongos, donde los baños están destruidos y sucios y cae su cielo raso, donde al primer aguacero se llueve más adentro que afuera, donde no hay reacción inmediata para atender a los usuarios porque no hay personal contratado, donde para hasta para comprar un bombillo los pocos empleados deben sacar de su bolsillo para tenerlo, donde no hay pantallas de televisor para informar al usuario, los turnos digitales son del pasado ahora son a mano, donde un trámite si se resuelve dura entre dos y cinco años si no se han extraviado y deba volverse a radicar la petición, donde para ir allí debe destinarse todo un día, ojala llevar refrigerio, almohada y paciencia.
Desastroso por donde se le mire, una entidad que perdió su norte y sus funcionarios ya no trabajan con gusto, una entidad que para el 2022 aumento el 100% su presupuesto que asciende a $402.990 millones de pesos, donde se le suma que algunos municipios como caso Neiva decidieron crear su propia oficina de catastro y arrebatarle esas funciones al Igac, donde al director le importa más hoy estar buscando donde concursar o contratar para dejar el IGAC que conseguir recursos en Bogotá para mejorar o lograr convenios con los municipio del Huila para tener más y mejor personal a su servicio, en fin es desastroso y decepcionante esta entidad, la cual o se reforma o los congresistas deben citar a un debate político y público para evitar que a través de este desorden se lave dinero, se roben las tierras y desplace a sus propietarios, ya sea por la violencia o por los altos costos de la tierra que hace imposible pagar impuestos los pobres campesinos con ese tal catastro multipropósito o cuando los constructores se aburran de esta situación y presionen salidas inmediatas y reales acompañados de ellos curadores urbanos.
