La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de Colombia, que permite indemnizar a los afectados por el conflicto armado y la devolución de terrenos usurpados a sus legítimos dueños, solo ha tenido un avance del 8,6 % desde que entró en vigencia hace 10 años.
En el Huila, según la plataforma del Gobierno Nacional www.datos.gov.co hasta el 7 de diciembre del año en curso, hay radicadas 1.983 solicitudes de reclamación. Baraya, Algeciras, Neiva, Colombia, Garzón y Gigante son los municipios que presentan mayor reclamación.
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Así lo releva el informe «Balance sobre la restitución de tierras», publicado el pasado miércoles por las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación (Pares), que señala que han sido presentadas ante el Gobierno 133.902 solicitudes de restitución, de las cuales apenas han sido resueltas judicialmente en sentencias 11.358, lo que en la práctica equivale al 8,6%.
«Un 65 % de las solicitudes (…) que han llegado al Gobierno a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) han sido rechazadas», detalló Gerardo Vega, vocero de Forjando Futuros, en una conferencia de prensa.
El estudio señala que desde que entró en vigencia la ley, los casos crecieron hasta llegar a su promedio más alto en 2017 y en el primer semestre de 2018 con 126 sentencias por mes.
Sin embargo, desde entonces «la tendencia empezó a disminuir en un 50 %, bajando el promedio mensual a 59 sentencias, lo que hoy tiene estancado el proceso», detallaron ambas fundaciones en un comunicado.
El informe asegura que tan solo han sido restituidas 492.851 hectáreas de las 6.500.000 despojadas, lo que corresponde al 7,6 %.
No obstante, resalta que, durante estos 10 años, los jueces ordenaron a 79 empresas dedicadas a la agroindustria y a la ganadería devolver tierras, así como a nueve compañías extractivistas y diez financieras.
Prórroga
En enero de este año, el presidente colombiano, Iván Duque, sancionó una prórroga por 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada originalmente por el Congreso de la Republica en 2011, para que esté vigente hasta el 10 de junio de 2031.
En ese sentido, el informe señala que «si bien esta norma ha sido prorrogada por diez años más en el Congreso e irá hasta el año 2031, deben buscarse mecanismos más rápidos y eficaces para que se logren las metas planteadas inicialmente».
Situación en el Huila
El departamento del es quizás uno de las regiones que a lo largo del conflicto armado muchos campesinos vivieron en carne propia el despojo de sus tierras. Al día de hoy, y de acuerdo con la plataforma datos.gov.co en el departamento del Huila, se han tramitado a través de la Dirección Territorial de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras del Huila y Cauca, un total de 1.983 reclamaciones.
Según el reporte estadístico, Baraya, Algeciras, Neiva, Colombia, Garzón y Gigante, son los municipios del Huila con mayor registro de desalojos de tierras por cuenta del conflicto armado.
Los de menos demanda son Elías y Yaguará con una solicitud hasta la fecha.
Para que esta cifra sea baja con respecto a otras regiones del país, hay explicaciones como que en algunos municipios se ha recrudecido la violencia por la presencia de grupos armados que han venido a copar el espacio que dejaron las extintas FARC que en otro controlaban dichos territorios; caso puntual Algeciras y Baraya.
Y es que, si las condiciones de orden público se alteran en una zona que la Unidad de Restitución está interviniendo, eso impacta el desarrollo normal del trámite advierten funcionarios de la entidad.
Tan solo el año pasado y de acuerdo con la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Cauca y Huila, María del Mar Chaves, en el Huila se ha avanzado lento pero seguro destacando por ejemplo como en el 2020 a pesar de la pandemia se logró dar apertura a cinco nuevas zonas en los municipios de Colombia, Algeciras, Yaguará, Tello y Baraya.
Al cierre del 2020 por ejemplo se recibieron 1.892 solicitudes, de las cuales 297 fueron inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Se presentaron 155 demandas, de las cuales cerca de 90 fueron presentadas durante el gobierno del presidente Iván Duque.
En este contexto, el Departamento del Huila, al cierre de la vigencia 2020 se profirieron 15 sentencias de ruta individual las cuales según la funcionaria beneficiaron a 61 personas con más de 471 hectáreas restituidas, en las cuales se ha implementado un proyecto productivo con el campesinado; trabajo que se realiza en conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional adscritas al Ministerio de Agricultura.
¿Cómo reclamar?
Los huilenses que fueron víctimas de desalojo o que abandonaron sus terrenos por temas de extorsión, deben tramitar varias etapas para que el Gobierno inicie el proceso de restitución de tierras.
Lo primero es acercarse a la Oficina de Restitución de Tierras en la ciudad de Neiva en la carrera 5 No. 21 -18, en el barrio Sevilla y dar conocer su caso con argumentos y pruebas de que si fue desalojado de sus terrenos.
Segundo, se practicará una visita al predio para determinar si las condiciones para habitar la propiedad son seguras o de lo contrario darles un nuevo terreno. Este proceso se le llama micro focalización.
Como última etapa, es la demanda que se pasa ante los jueces de restitución de tierras, quienes se encargarán de realizar el estudio y posteriormente se materializa el proceso, emitiendo el fallo.
