Con una votación mayoritaria, las plenarias de Senado y la Camara de Representantes aprobaron en segundo debate el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 por un monto de $405,6 billones, de los cuales, los mayores recursos serán para funcionamiento, 253,6 billones; la deuda pública 78 billones y para inversión 74 billones de pesos.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo estableció que el texto aprobado no incluye los posibles recaudos provenientes de la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el pasado 6 de octubre.
Pero se propondrá al Congreso incorporar estos recursos en ese presupuesto, de acuerdo con el articulado que finalmente resulte aprobado en la conciliación de textos de las dos corporaciones, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad presupuestal vigente.
El monto aprobado de $405,6 billones corresponde al 27,7% del Producto Interno Bruto, PIB, con un aumento de 15,1% frente a 2022.
Según el ministro, la inversión crece 6,3% frente a 2022 y totaliza $74 billones, cifra que contrasta con los $62,7 billones programados en el proyecto inicial, radicado por la administración anterior, que significaba una caída de 10% con respecto al año anterior.
Con mayor inversión, la política fiscal ayudará a fortalecer la resiliencia de la economía colombiana frente a eventos internacionales adversos, mediante la expansión y la diversificación de las cadenas de producción y de suministro, en línea con la transición energética y la búsqueda de la paz total.
Por su parte, los gastos de funcionamiento suman $253,6 billones: 20,1% más que en 2022. Este incremento se explica, fundamentalmente, por los recursos destinados a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC-, para lo cual se destinará en 2023 alrededor de 1,3% del PIB. Este aumento obedece también, aunque en menor medida, al cumplimiento de mandatos constitucionales y legales relativos al aseguramiento en salud, el pago de mesadas pensionales, el Sistema General de Participaciones -SGP-, los gastos de personal y los aportes nacionales a las universidades públicas.
De igual forma, el presupuesto aprobado asegura recursos para cubrir el servicio de la deuda pública. Con este propósito se apropiaron $78 billones: $24 billones para deuda externa y $54 billones para deuda interna. Para el pago de intereses y comisiones se destinaron $42,5 billones, para amortizaciones de capital $32 billones y para el fondo que cubre contingencias derivadas de procesos judiciales en contra $3,5 billones.
Ocampo precisó que el presupuesto aprobado mantiene el déficit fiscal y la deuda pública dentro de parámetros financieros sostenibles. “La financiación del PGN 2023 es coherente con el cumplimiento de la regla fiscal. Avanzar en la consolidación fiscal es un compromiso ineludible de este gobierno”.
Explicó que las necesidades de financiamiento crediticio se reducen alrededor de 20% respecto a 2022. De otra parte, el aumento del recaudo tributario previsto para 2022 elevará la base para 2023 y junto con la gestión de la DIAN permitirá expandir los ingresos corrientes, que se proyecta representen 65% del total ($264,3 billones). Se estima que los recursos de capital aporten 30% de los ingresos totales ($120,1 billones) y las rentas parafiscales y fondos especiales el 5% restante ($21,2 billones).
Sin servicio de la deuda, los sectores con mayor apropiación para 2023 son: educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones; hacienda, $48,7 billones; defensa y policía, $48,3 billones; trabajo, $37,9 billones; e inclusión social y reconciliación, $17,8 billones.
El ministro de Hacienda destacó que gracias a los ajustes realizados por el Congreso se podrán fortalecer las transferencias monetarias dirigidas a la lucha contra el hambre; sustituir cultivos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto; fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria; mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales; preservar el medio ambiente; mejorar la infraestructura en educación; cerrar brechas digitales y mejorar el acceso a telecomunicaciones en regiones apartadas; ciencia y tecnología; cultura y deporte; asegurar el pago de subsidios de gas y electricidad y cubrir faltantes de gasto en otros programas sociales y productivos de diversos sectores, en especial ciencia, cultura y deporte.
Además, el texto aprobado incluye disposiciones que permitirán avanzar en la lucha contra la inflación, entre las cuales sobresalen: subsidios de energía eléctrica y gas, y subsidio del 50% del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego.
También contiene disposiciones para cumplir los compromisos relativos a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; la prevención y atención de desastres; aliviar el pago de las deudas del ICETEX; cofinanciar el déficit de los sistemas de transporte masivo; atender los pasivos en salud de la atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19; y fortalecer las labores de defensa de los derechos ciudadanos, a través de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, el Presupuesto General avalado por el Congreso será la carta de navegación financiera del Gobierno nacional para el próximo año, de cara a los retos postpandemia que afronta el país en materia económica y social, en un entorno internacional complejo, caracterizado por la persistencia de la inflación mundial, la desaceleración de la actividad económica, la elevación de las tasas de interés y la aversión al riesgo financiero hacia economías emergentes.
Explicó que la norma aprobada permitirá adelantar una política fiscal inteligente, toda vez que se avanzará en una racionalización del gasto operacional en favor de la inversión, acorde con las posibilidades reales de financiación.
Con respecto al alza del precio del dólar en el país, el jefe de la cartera de las finanzas envió este mensaje a los mercados: “vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la Regla Fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones”.
