Reformar o reestructurar a la policía, una labor titánica
¿Es hora de reformar a la Policía? ¿Qué clase de Fuerza Pública necesita el país? El debate ya está abierto.
Especial/ 24-7 Semanario
Históricamente, las reformas policiales sólo son asumidas por un gobierno cuando la situación de corrupción, incompetencia e incapacidad por parte de una policía para controlar la criminalidad y atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en esas materias, ha llegado a un estado de crisis. Es casi siempre un gran escándalo, o un hecho específico de corrupción o “brutalidad policial” el detonante de la crisis.
La ciudadanía en general, los sectores económicos y los medios, exigen acciones inmediatas a los mandatarios y señalan al cuerpo policial de corrupto y distante. Por su parte, la institución policial defiende su gestión y justifica sus fracasos con la falta de recursos económicos y legales, y en la falta de solidaridad por parte de la ciudadanía.
Esta situación extrema lleva al Gobierno de turno a tomar cartas en el asunto, por lo general, anunciando una profunda reforma del estamento policial. Sin embargo, la polarización de los principales actores involucrados, y la presión de los medios no contribuyen a crear un ambiente adecuado para el desarrollo del proceso de reforma y fácilmente se pierde de vista el objetivo principal de éste: contar con una institución transparente y diligente que permita mejorar la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Por el contrario, es común que en ese contexto, cualquier decisión que adopte el gobierno sea vista por uno u otro de los actores como un punto a su favor o en su contra. Fácilmente al final del proceso, la ciudadanía puede sentirse “engañada” por el gobierno, o la policía no respaldada por éste y víctima de la imposición de una serie de medidas orquestadas por los “enemigos de la institución”. La tendencia por lo general es a revertir el proceso.
Reformar
Con lo sucedido en Bogotá tras la muerte de Javier Ordoñez, por un abuso en el procedimiento policial, encendió los ánimos de centenares de colombianos que indignados ante lo sucedido iniciaron una espiral de violencia contra la institución.
El resultado, más de una veintena de CAI quemados en Bogotá, disturbios en varias ciudades de Colombia, ocho muertos, millones en daños materiales y centenares de heridos entre civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Ya desde el Congreso, se indica que se debe hacer una reforma estructural a la institución y es por ello que se plantean puntos como la modificación de conductas en procedimientos.
“Las maniobras de estrangulamiento, el uso de ciertas armas no letales como ‘taser’ deben ser reguladas”, manifestó el congresista Inti Asprilla.
Otro elemento clave en la reforma tiene que ver con la selección y el entrenamiento que reciben los miembros de la Policía Nacional; varios congresistas coinciden que se debe revaluar sus procedimientos y protocolos, se necesitan procesos de formación y educación efectivos, para que quienes portan el uniforme sean policías integrales. El respeto a la vida, sostienen debe ser fundamental.
Asimismo se plantea capacitar a la Fuerza Pública en el uso de la fuerza.
“La capacitación de la que trata este artículo será impartida de manera anual y deberá contener formación en los estándares nacionales e internacionales en protocolos de uso de la fuerza y convivencia ciudadana y deberá incluir, al menos, los aspectos siguientes: Derechos Humanos, no discriminación, perspectiva de género y población diferencial, cultura ciudadana, negociación y solución de conflictos”, indica la iniciativa de autoría de la representante Katherine Miranda.
Con estos elementos se espera que por fin, se pueda hacer una reforma a la Policía Nacional; tarea que está en mora de hacer el Gobierno Nacional.
Mientras esto sucede en el legislativo, el espiral de violencia no se detiene contra la Fuerza Pública; estas han sido algunas de las imágenes que ha dejado la protesta iniciada desde el 9 de septiembre.