La reforma al Código Disciplinario, que fue presentada por la procuradora general, Margarita Cabello, fue aprobada en primer debate por las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes.
La norma le entrega nuevos poderes jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y adecua las normas al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro.
Aunque la oposición consideró que otorgarle estas funciones judiciales al Ministerio Público se prestarían para perseguir dirigentes político, el representante Alfredo Deluque, uno de los ponentes, lo negó.
El proyecto también le entrega nuevas funciones de policía judicial al procurador, que estarán sujetas al control de un juez de control de garantías, para adelantar interceptaciones, allanamientos y otro tipo de procedimientos.
El senador Gustavo Petro anunció que denunciará ante la Corte Suprema a los congresistas que apoyaron este proyecto porque, según él, le hace conejo al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que un órgano administrativo no puede destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente.
