Total repudió causó en Neiva el ataque con ácido perpetrado por desconocidos que se movilizaban en motocicleta y que lesionaron gravemente a una menor de 15 años residente en el barrio Los Parques en inmediaciones del centro de salud IPC de la Comuna Ocho de Neiva.
La valoración de los galenos del Hospital Simón Bolívar, indica que la adolescente sufrió quemaduras de grado dos profundo y tres, en la cara, el cuello, el tórax y las manos.
“Tenemos información que por la gravedad de las heridas y la situación en que se encuentra la menor, tendrá que ser remitida a la ciudad de Bogotá a la Unidad de Quemados”, sostuvo el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Alfredo Vargas Ortíz.
Por el hecho el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, ofreció la suma de 30 millones de pesos más, para un total de 50 millones, para dar con el paradero de los responsables del ataque.
La Alcaldía de Neiva, también se pronunció.
“Estamos extremadamente preocupados por este hecho, lo rechazamos rotundamente y para eso ya coordinamos con la Policía Nacional y el Gobierno Departamental, el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos para poder dar con la captura de los responsables”, dijo el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.
El funcionario indicó que ya establecieron comunicación con la familia de la adolescente para manifestarle sentimientos de solidaridad frente a este hecho tan lamentable.
A la investigación se sumaron Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y todos los cuerpos de inteligencia, para avanzar positivamente en el caso.
A responsables se les aplicará Ley Natalia Ponce
La norma promulgada hace unos días por el Gobierno Nacional combina medidas penales, de salud y de integración de enfoques para enfrentar este tipo de conductas criminales.
Dicha ley hace que este tipo de ataques sean considerados como un delito específico e incluye las sustancias corrosivas dentro del delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas.
Del mismo modo, establece que no habrá concesión de beneficios para quienes cometan el delito y obliga al Instituto Nacional de Medicina Legal a brindar toda la información a los médicos tratantes, para facilitar la atención a las víctimas de ataques con ácido.
