Procuraduría recalca ante la JEP atrocidades cometidas por las Farc en el conflicto
En un concepto que entrego a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Procuraduría General de la Nación refirmó las atrocidades cometidas por las extintas Farc, especialmente, el reclutamiento sistemático de menores de edad, niñas prostituidas tras ser obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionadas y el aborto obligatorio y forzado a las mujeres, bajo el argumento de que estaba prohibido tener hijos.
Además el organismo de control reafirma que los cabecillas de la agrupación ilegal armada «sin lugar a duda sí se beneficiaron del narcotráfico para financiar la guerra».
En el concepto, presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de esa jurisdicción, la Procuraduría hace observaciones a las versiones voluntarias rendidas por integrantes del llamado frente 5 de esa guerrilla, en desarrollo del macrocaso 04 que se ocupa de la situación territorial de la región de Urabá.
El órgano de control indica que, aunque sus miembros no reconocieron haber cometido delitos de violencia sexual, de lo declarado por los ex cabecillas de ese frente se advierte que dentro de los estatutos de esa organización ilegal armada existió la prohibición de tener hijos, lo que al convertirse en una política que debía cumplirse, “no podría entenderse de otra manera que los abortos, cuando se realizaron, eran obligatorios, forzados”.
Igualmente, señala que se conoció el caso de una niña integrante de ese frente que aparentemente fue obligada a tener relaciones sexuales a cambio de no ser sancionada o llevada a consejo de guerra por presuntas «faltas disciplinarias».
En el documento, la Procuraduría sostiene que la guerrilla sí se benefició del narcotráfico para financiar la guerra, “pues con la inserción de las drogas, particularmente del cultivo de la hoja coca, se formó una poderosa forma de economía ilícita de la cual las Farc se nutrieron para financiar sus actividades bélicas”.
Además precisa que mediante los ataques y tomas guerrilleras perpetradas en el Urabá, las Farc constituyeron una práctica sistemática y generalizada que conllevó al desplazamiento forzado de comunidades ubicadas en diferentes sectores de la región, “especialmente de los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó, Mancilla y la Larga – Tumaradó, entre otros”.
Sobre la utilización de métodos y medios de guerra expresamente prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, solicita profundizar en el análisis de esa conducta “para establecer quién y por qué decidieron utilizar este tipo de elementos explosivos, caracterizados por su falta de precisión y producción de daños colaterales a la población civil muy graves”.
La Procuraduría demanda igualmente profundizar en algunos hechos puntuales perpetrados por el frente 5 que generaron graves violaciones a los derechos humanos, como las masacres de La Chinita, en 1994; y Bojayá, perpetrada en 2001, entre otras.
Frente a la financiación de las Farc, el Ministerio público indica que es necesario explorar las fuentes que tuvieron para cubrir los gastos de guerra, lo que debe ir más allá de lo que señalaron como cuotas voluntarias pagadas, según los comparecientes, por ganaderos, empresarios y hoteleros.
Finalmente, exige que en la fase de aportes tempranos de verdad “las Farc pidan perdón a la sociedad civil colombiana y al mundo entero por el centenar de niños que reclutaron para la guerra, incluyéndose ellos mismos en un acto de sincero arrepentimiento”.