Por presunta omisión frente al escándalo de corrupción conocido como el “cartel de la hemofilia”, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad. Según la investigación, se pagaron más de mil 500 millones de pesos en el tratamiento y medicamentos a inexistentes pacientes con hemofilia y/o von Willebrand.
El órgano de control anunció también endilgó cargos a los execretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán; de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda.
El Ministerio Público acusa al gobernador Besaile Fayad por presunta omisión en la vigilancia y control jerárquico de las funciones de su secretario de Desarrollo de la Salud.
Añade que encontró que pese a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, el 4 de mayo de 2016, donde se evidenciaban deficiencias en la verificación de la prestación real del servicio de salud, el departamento, al parecer, posteriormente permitió o toleró el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS.
A Pareja Alemán se le cuestionó porque presuntamente ordenó el pago sin realizar los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles que, al parecer, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados.
Para la Entidad, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio supuestamente prestado en la vigencia 2015 con recursos de 2016, sin que la supuesta obligación estuviera registrada en cuentas por pagar, ni tuviera un rubro destinado para una vigencia expirada.
La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa.
DESTITUIDO E INHABILTADO 10 AÑOS
El pasado 27 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, y al exgobernador, Alejandro Lyons Muskus, por otro hecho de corrupcción: Irregularidades en pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.
A Besaile Fayad y Lyons Muskus la Procuraduría les reprochó no haber ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud, lo cual permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por $4.988 millones, sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.
