Se confirma la llegada de nuevos inversionistas que permitieron, entre otras cosas, pagar la nómina adeudada a sus trabajadores.
Especial/24-7Semanario
Los avances de las negociaciones para ponerse al día con sus acreedores ante su deuda cerca de 1,5 billones de pesos, la compañía Mercadería S.A.S., propietaria de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, cambió de dueños.
En una entrevista a medios nacionales, Michel Olmi, presidente Ejecutivo de la compañía, quien, sin ofrecer detalles de los nuevos accionistas ni del monto de la transacción, indicó el nuevo rumbo que tendrá la empresa que tiene 1.300 tiendas en 310 municipios.
“La empresa fue adquirida por nuevos inversionistas que vienen dando oxígeno a la operación”, señaló el Michel.
Además, aseguró que su estructura accionaria “ha cambiado”, pues “el socio principal salió y ahora tenemos nuevos inversionistas que llegaron a capitalizar la empresa”.
Vía libre por Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades durante esta semana dio la aprobación a dicha organización al proceso de reestructuración bajo la Ley 1116 del 2006.
Michel Olmi recalcó que el plan de recuperación está en marcha con el apoyo de sus proveedores y de los nuevos socios quienes están inyectando recursos, los cuales han permitido pagar los gastos operativos de la firma.
“Gracias a ese capital se pagó la nómina de diciembre que incluía la prima y a partir de la aprobación del proceso de reorganización, desde el 19 de enero obtendremos recursos para pagar los gastos administrativos como lo exige la 1116″, señaló Olmi.
Pago a proveedores
Esta situación de reestructuración ha llegado de buena manera para algunos proveedores, quienes consideran que es un paso positivo para reiniciar la dinámica de negocios que hace más de 10 meses adeudan.
Uno de ellos, Juan Pablo Valencia, socio fundador de Wow Chef, un pequeño proveedor de alimentos congelados de Justo & Bueno, afirma que, a pesar de que la empresa le adeuda aproximadamente unos 140 millones de pesos, y que ahora en enero tendrá que sacar de su bolsillo y el de su socia para pagar el IVA a la DIAN, seguirán suministrando los productos a la empresa porque confían en que están encaminados a recuperar la operación de las tiendas.
Esta iniciativa depende la familia de sus ocho empleados y entre 60 y 70 pymes que hacen parte de su cadena: “la frecuencia de los pedidos es menor, pero el volumen ha subido porque han ampliado la cobertura”, expresó Valencia.
Arrendatarios poco satisfechos
Sin embargo, los arrendatarios de los cientos de los locales donde operan las tiendas piensan lo contrario, pues dicen estar al borde de la quiebra por los impagos y la falta de voluntad de las directivas de la compañía para que se les restituyan sus inmuebles.
Oscar Bravo comentó que el sentir de al menos 300 propietarios que están en su misma posición, en la que no les pagan los arriendos desde hace unos 10 meses, no les dan la cara, no les devuelven los locales. Y ahora con la empresa en Ley 1116, tendrán que esperar cinco años más para recuperar la deuda, que por su parte es de 60 millones.
“Hay personas que viven de esos arriendos, que tomaron créditos con bancos para adquirir esos locales, para adecuarlos, y como si fuera poco, ahora tenemos que pagar el IVA sobre unos ingresos que no hemos recibido”, señaló Oscar.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la compañía, aclaró que con el proceso de reorganización se fijarán acuerdos y plazos que se comprometen a cumplir como ordena la ley.
“Creemos en Colombia, y saldremos adelante. Lo que vemos son oportunidades y marcados retos. Por ejemplo, hay proveedores que están con nosotros, pero lamentablemente, aunque tengan el deseo de apoyar, no cuentan con el capital de trabajo, por lo que resulta esencial contar con una línea de crédito del Gobierno para que puedan financiarse y poder volver a despachar. Contamos con aliados como Fenalco Antioquia que están sirviendo de mediadores para impulsar apoyo para nuestros proveedores. Las medianas y pequeñas empresas son el teijdo y el ejemplo de país que necesitamos”, concluyó el directivo.
El inicio del problema
El 29 de octubre 2021, Justo & Bueno solicitó ser admitida por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006.
Según informó la cadena en su momento, la solicitud se hizo “a partir de expectativas reales de recuperación, consultando diversos sectores y, así mismo, recibiendo el acompañamiento de un nutrido grupo de proveedores”.
En noviembre de 2021, la empresa informó sobre un esquema fiduciario de reactivación para todo el proceso de salvamento.
Dijo que, para mantener la operación como canal de distribución para sus proveedores y para que sirviera de fuente de pago del pasivo reorganizable, un grupo de proveedores propuso capitalizar sus pasivos en porcentajes que oscilaran entre el 50 % y el 80 % de la deuda cierta reconocida, y que el excedente se pagara en los términos que indique el acuerdo de reorganización, una vez fuera aprobado por la Superintendencia de Sociedades.
Y ahora, tres meses después de la solicitud, la Supersociedades admitió a Justo & Bueno en el proceso.
Según la cadena, “esta financiación planteada genera las condiciones propicias en términos de balance de la compañía y es necesaria para la continuidad del modelo de negocio y para el levantamiento de capital nuevo”.
En cuanto a la consecución de capital nuevo, la empresa señaló que dos fondos de inversión, uno colombiano y uno internacional han manifestado su apoyo.
También afirmó que los accionistas iniciales están dispuestos a perder su capitalización con el fin de salvar la empresa y que más de 100 compañías podrían terminar en insolvencia si no se salva Justo & Bueno.
La empresa también planteó la importancia de que el Gobierno ayude a salvar la cadena, que tiene 1.300 tiendas en 310 municipios.
