Ayer jueves, la Comisión de Paz del Congreso sesionó para evaluar la situación de líderes sociales y excombatientes en medio de la emergencia económica, social y sanitaria en el país generada por el coronavirus. A este encuentro participaron los ministros del Interior, Justicia y Defensa, los consejeros para la Paz y la Estabilización, así como miembros de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y la Misión de Verificación de la ONU.
La gran conclusión al finalizar la sesión es que hubo 19 asesinatos a excombatientes, es decir incremento del 32% en comparación con el trimestre de 2019. Esto con cifras oficiales que maneja el Gobierno y Naciones Unidas.
Frente a esto, el senador de la U y presidente de la Comisión, Roy Barreras, apuntó que el aumento de homicidios a líderes y excombatientes es distinto al comportamiento de los homicidios comunes registrados en este primer trimestre de cuarentena.
“Lo que implica que el asesinato de líderes sociales y excombatientes no es un asunto de delitos comunes, sino de organizaciones criminales con vocación de control del territorio”, señaló.
En marzo, se registraron ocho asesinatos a líderes sociales, lo que da muestra que las situaciones complejas que viven los territorios de la periferia están al margen de la contingencia sanitaria. Organizaciones que han seguido la implementación del Acuerdo de Paz, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó del gran desafío que tiene el Estado de proteger a estas comunidades en medio de la crisis por el COVID-19.
“Estas poblaciones son vulnerables, tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad”, apuntó la organización.
