El nuevo hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja no puso salir del quirófano. El centro médico, planeado para atender las sentidas necesidades en materia de asistencia pública se quedó en estado de coma y agoniza lentamente en medio de la maleza y el abandono total.
La obra fue recibida sin objeciones después del primer plazo acordado pero nunca pudo darse al servicio. Insólitamente, no se construyó el acueducto y peor aún, no tenía servicio de energía eléctrica, que en un hospital, resulta traumático. Una locura.
El proyecto fue formulado en el año 2011, su ejecución inició en el año 2012 y la terminación de la obra en el año 2013. Desde entonces entró en cuidados intensivos y permanece con pronóstico reservado.
La meta era terminarlo en cuatro meses. Cinco años después, el centro hospitalario es hoy otro elefante blanco erigido con recursos de regalías.
No obstante la obra sigue paralizada. El último reporte fue confirmado el 31 de agosto pasado por la Contraloría General de la República. El organismo de control ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal (PRF-2018-00759) por el posible daño patrimonial público causado.
La gerencia colegiada, mediante Auto No.447 vinculó al proceso a la ex gerente Mónica Villany Rodríguez, quien ocupó el cargo durante el periodo comprendido entre el primero de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2016. Villany Rodríguez, formuló el proyecto de inversión, suscribió los estudios previos y firmó los contratos de obra e interventoría.
También vinculó a la actual gerente Diana Patricia Moreno Preciado, encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto de inversión.
Además, vinculó a la compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable. La Previsora deberá responder por el daño causado a los intereses patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado.
“La obra se construyó sobre las cenizas de un centro escolar. “Hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro y la inversión se perdió. No tiene energía eléctrica ni servicio de acueducto. Los recursos se perdieron”, denunció el veedor Orlando Sánchez Díaz durante la jornada anticorrupción realizada por la Fiscalía General de la Nación.
El caso fue priorizado por la vicefiscal María Paulina Riveros y fue asignado a la Unidad Nacional Anticorrupción.
