La Corte Constitucional decidió mantener las normas que rigen para la interrupción voluntaria de un embarazo. Luego de un debate que se prolongó por más de 10 horas, los nueve magistrados votaron 6 a favor y 3 en contra, por lo que fue derrotada la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que pedía limitar a 24 semanas el tiempo para abortar.
El debate era esperado con gran expectativa y causó polémica cuando se conoció la ponencia de la magistrada Pardo, porque según defensores de mujeres, al limitar el tiempo de interrupción se están violando los derechos y poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres que no alcanzan a realizar el proceso en 24 semanas,
Los especialistas y las defensoras de mujeres dicen que en Colombia es difícil establecer un límite de semanas para el aborto legal porque las EPS dilatan mucho los procesos.
Los comentarios salieron a la luz pública mientras la Corte Constitucional estudiaba el fallo de una tutela que puso una mujer de 33 años que enfrentó problemas para poder acceder a un aborto legal por malformación del feto, y que sólo pudo acceder a ese procedimiento cuando tenía 26 semanas, después de que una jueza tomó medidas cautelares a su favor.
ANTECEDENTES
En mayo del año pasado la Corte estudió una demanda de un ciudadano en la que afirmaba que había una omisión legislativa en el Código Penal del 2000, que estableció penas de 16 a 54 meses para el aborto.
Según el demandante, después de que la Corte Constitucional despenalizó esta práctica en el 2006 en tres causales, el Congreso nunca reguló hasta qué etapa del embarazo se podía llevar a cabo su interrupción voluntaria bajo el marco de esas tres causas permitidas.
La Corte despenalizó el aborto en el 2006 para los casos en los que el embarazo implique un riesgo para la vida o la salud física o mental de la madre, cuando haya una malformación del feto incompatible con la vida, o cuando sea producto de una violación.
Con la decisión tomada ayer queda claro que hasta ahora ningún fallo de la Corte ha decidido imponer un límite de semanas en las que se debería hacer viable esta práctica, aunque reconoce que hay una ausencia de regulación al respecto.
EL PROBLEMA
Juan Carlos Vargas, director médico de Profamilia, le dijo a la revista Semana que lo ideal es que las mujeres fueran a solicitar la interrupción de su embarazo y fueran atendidas de manera prioritaria, como lo dice una sentencia de la Corte, con un plazo no mayor a cinco días, “pero les empiezan a poner una serie de barreras: que tiene que ir a la junta médica, que el ginecólogo no tiene agenda, entonces se pasa una semana, dos semanas, un mes, que examen adicional, todas esas barreras hacen que el tiempo pase y cuando ya todo está listo, el embarazo está avanzado y no las atienden”.
Las mujeres que lo hacen a través de la seguridad social, que son la mayoría, tienen que pedir cita, la cita se las dan al mes y cuando llegan a la cita comienzan las trabas.
“Lo que debería pasar es que llegaran con cita prioritaria pues para un aborto se las deberían dar casi de manera inmediata, y la respuesta, dársela a más tardar en cinco días hábiles. En casos de causalidad de salud se hace ahí mismo. En casos de malformación fetal se requiere ecografía, para demostrar la malformación y así poderla certificar. En los casos de violencia sexual no hay problema, porque la mujer lo que hace es llegar con copia de la denuncia y decir que está embarazada fruto de esta violación”, agregó Vargas.
Señaló que “si uno hace un análisis de las mujeres que han solicitado interrupción del embarazo en edades gestacionales avanzadas, muchas de ellas las venían solicitando desde la semana 10 o 12 y a medida que les piden ecografía, cita y junta médica y la agenda, llegan a la semana 26 o más.
Por su parte la médica huilense y defensora de mujeres, Erika Saldarriaga, dijo que hay pacientes que a las ocho semanas es que se dan cuenta del embarazo y empieza la ruta de atención, si a ello se le suma todo el tiempo que requiere la EPS para darle viabilidad al proceso, fácilmente se puede llegar a más de 24 semanas.
“Lo primero son las trabas administrativas y segundo el desconocimiento de la norma, muchas mujeres no saben que tienen esa opción y cuando se enteran ya el embarazo está avanzado. La mujer puede entrar en un estado de depresión y es cuando alguien le puede decir que tiene la opción del aborto legal”, señaló Saldarriaga.
Aclaró que está también la causal de salud y la viabilidad del mismo embarazo, que son variables, “si se presenta una enfermedad del feto en la semana 26 que puede poner el riesgo la vida de la mamá y si le diagnostican una malformación cuando ya el embarazo está avanzado y hace que no sea viable es cuando se presenta el problema. Por eso la limitación del tiempo hubiera sido un retroceso”, anotó.
Entretanto la Trabajadora Social y activista del grupo Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, Sol Angy Cortés, dijo que las mujeres tienen derecho a decidir y se debe garantizar ese derecho.
“Si se hubieran limitado las semanas se termina coartando un derecho que es fundamental, porque al iniciar la ruta de atención les están pidiendo muchos documentos que no aparecen en la ley. Además las están mandando al especialista, a otro y ello demora el proceso, por eso terminan utilizando otros métodos y poniendo en peligro su vida.
Según Profamilia, en el 2017 se realizaron por la entidad más de 10.514 procedimientos. Sin embargo, se calcula que en Colombia se practican 400.000 abortos clandestinos que ponen en riesgo día a día la vida de las mujeres.
