De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, actualmente en el país hay 14 EPS que se encuentran en proceso de liquidación por poner en riesgo tanto la vida de sus afiliados como la estabilidad financiera de sus redes de prestación.
Especial/24-7Semanario
A pocos días de iniciar el gobierno de Gustavo Petro, aún existe expectativa de los cambios que traería en el sector salud la anunciada reforma y la presunta eliminación de las Entidades Promotoras de Salud – EPS.
Según se ha dicho desde el nuevo gobierno, que la propuesta es para hacer un saneamiento financiero, que permita que los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios y a quienes asumen la atención de los pacientes y usuarios.
La propuesta sustenta que 14 de las 30 EPS que existen no cumplen con los requisitos, por lo que una de las apuestas del nuevo gobierno es plantear una reforma de salud con un periodo de transición de dos años, que incluya la eliminación de estas entidades para que los recursos lleguen directamente a los prestadores de servicios.
Liquidaciones e intervenciones
Y es que, desde el año pasado, la junta directiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) viene alertando sobre el incumplimiento de los indicadores financieros de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Resultado de eso es que en solo cuatro años se han liquidado cuatro EPS. Además, en el momento, habría una EPS más en riesgo de entrar a esa lista negra, que sería Emssanar, actualmente en estado de intervención.
En ese sentido, la radiografía del sistema de salud colombiano arroja que, mientras en 2019, había cerca de 44 EPS; y hoy, con una intervenida y 14 liquidadas, el sistema nacional queda con alrededor de 31 entidades de salud en el régimen subsidiario y contributivo.
Esto teniendo en cuenta que han surgido otros jugadores en algunas regiones como EPS Familiar de Colombia. En contraste, las liquidadas de este año fueron Coomeva y Medimás.
Otra manera de leer lo que representan estos indicadores es su impacto como vulneraciones al derecho a la salud de los colombianos, y una alerta contra el sistema que afecta las finanzas de la red hospitalaria y del Estado.
Quejas de los usuarios
Esa vulneración, que se manifiesta en inconformidad por parte de los usuarios, se evidencia en el número de quejas que a diario ponen estos contra las EPS.
De acuerdo con el informe más reciente publicado por la Superintendencia de Salud, entre enero y marzo de 2022 se han gestionado 290.867 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (Pqr) formuladas por los ciudadanos a través de los diferentes canales habilitados, presenciales y no presenciales.
Las EPS que más han recibido quejas por parte de usurarios, hasta marzo, son: Nueva EPS, con 42.233 quejas; EPS Sura, con 29.256; y Salud Total, con 29.006.
Pero, si se habla de cuáles son las que más tienen quejas por cada 1.000 afiliados, el panorama cambia. En ese orden, la EPS que más tiene quejas con relación al número de usuario es Servicio Occidental de Salud, con 10,94% de Pqr de tasa acumulada. Le sigue la intervenida Emssanar, con 6,77% de tasa acumulada en Pqrs; y de tercera está Convida, con 6,12%.
En lo que sí coinciden muchos, es que se debe considerar una reforma estructural del sector salud, eliminando la intermediación y evitando que las EPS liquidadas evadan con esta medida sus deudas. Y es que la deuda que las EPS contraen con la red hospitalaria ya asciende a $10,5 billones; y de esos, $3 billones son adeudadas por liquidadas. Entidades como Nueva EPS, con $907.417 millones; y Medimás (en proceso de liquidación), con $832.995 millones, son las que más deben.
Para la presidenta de Médicos Unidos de Colombia, Ana María Soleibe, la única manera de hacer efectivo el derecho fundamental y reconocer a los trabajadores de la salud, es acabando con esa intermediación financiera que ha sido creadora de todas las barreras y quejas de los pacientes.
Soleibe, explicó que “los trabajadores de la salud están presionados y al que denuncie lo echan (…) la intermediación financiera ha sido el caos del sistema de salud durante 30 años y han hecho ajustes tratando de acomodar el negocio”.
Además, señaló que “es una pérdida de recurso público porque las EPS no están invirtiendo dinero, sino que están trabajando con los dineros de los contribuyentes y esos dineros han sido invertidos en otros negocios, violando un mandato constitucional”.
Para finalizar, Ana María Soleibe dijo que “nos quieren engañar con la idea de que las EPS son aseguradoras, pero siempre es el Estado el que sale a rescatar de estas deudas a estas entidades porque o si no entra en crisis el sistema”.
¿Quién responde?
Pero mientras eso sucede, hay una pregunta interesante de cuya respuesta depende la salud financiera y la misma suerte de muchos hospitales y clínicas: ¿quién paga las deudas de todas esas EPS que ya no están en operación?
Ese mal es riesgoso para el soporte presupuestal, como lo ha expuesto la Asociación de IPS de Colombia, al mostrar la preocupación por esta aguda enfermedad que está socavando las finanzas hospitalarias y de las clínicas privadas.
Y no es para menos. Jorge Toro que es el director ejecutivo de dicha organización ha dado a conocer que, según la Superintendencia Nacional de Salud, las carteras o deudas de las empresas liquidadas pueden estar por encima de los cinco billones de pesos.
Para hacernos una idea de la magnitud del problema, esa cuantía equivale a cuatro veces el presupuesto municipal de Cúcuta.
Más que un dolor de cabeza, esta situación implica una actuación urgente por parte de las autoridades de salud, por un lado, pero también de la misma justicia para que se procedan con las acciones legales contra los patrimonios y bienes de quienes eran los dueños de dichas EPS que dejan ese gran hueco financiero.
Lo peor del caso es que la recuperación de esas deudas para que está bien complicada y enredada y casi que perdida porque para él solo caso de Medimás, la SuperSalud admitió que “por cada 100 pesos de deuda, la EPS únicamente cuenta con 3 centavos para respaldarla”.
EPS en proceso de liquidación
En este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que actualmente en el país hay 14 EPS que se encuentran en proceso de liquidación por poner en riesgo tanto la vida de sus afiliados como la estabilidad financiera de sus redes de prestación.
Según el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, estas decisiones demuestran la depuración del sistema de salud y la dignificación del trato para millones de usuarios, dijo este martes en el marco de una rendición de cuentas de la entidad en el último año.
“Desde nuestra llegada a la Superintendencia sabíamos que no iba a ser fácil enderezar el camino, pero luego de un intenso trabajo podemos decir que recuperamos el rumbo de la salud porque le dimos prioridad a las necesidades de los usuarios. Dejamos un sistema depurado y fortalecido”, señaló.
Solo entre julio de 2021 y junio de 2022 la Supersalud ordenó la liquidación de las EPS Comparta, Coomeva y Medimás, así como la toma de posesión y la intervención forzosa para administrar sobre la EPS Emssanar.
Otro indicador que puede evidenciar los problemas en el sistema de salud del país es el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias registradas en el último año, las cuales ascendieron a 1.128.122, es decir, en promedio cada día la SuperSalud recibió 3.000 quejas por el servicio de salud de los colombianos.
En los últimos cuatro años la SuperSalud ha atendido más de 7 millones de PQRD, un crecimiento significativo con relación al anterior cuatrienio, que fue de 3.1 millones, según el reporte de la entidad.
Recursos recuperados
Según el balance de la SuperSalud, en el último año se recuperaron cerca de un billón de pesos de la red pública y privada de prestación, a través de las mesas de flujo de recursos y las jornadas de conciliación. A lo largo de estos cuatro años se beneficiaron más de 15.000 instituciones prestadores de todo el país, con recursos por cerca de 3,3 billones de pesos.
Así mismo, el Superintendente resaltó el proceso de recuperación de 21 hospitales públicos. Tres de ellos fueron devueltos a las administraciones departamentales y 17 se encuentran en medida de intervención forzosa y uno bajo vigilancia especial.
