El año pasado en su informe ‘Defendiendo el mañana’, presentado por la ONG británica Global Witness, Colombia apareció como el país en donde más líderes ambientales fueron asesinados en 2019.
Ese estudio documentó 212 homicidios de ambientalistas en todo el mundo, de los cuales en Colombia se registró el 30% y en Filipinas el 20%.
Especial/24-7Semanario
Colombia tiene el triste récord en los últimos años, con Filipinas, de liderar los países en donde asesinan más defensores del medio ambiente. En lo poco que va corrido de este año ya fue muerto el primer líder, un campesino del Tolima que se dedicó en las dos últimas décadas a la preservación del loro orejiamarillo. Frenar este fenómeno es uno de los desafíos para mejorar los registros en seguridad que se planteó el Gobierno nacional en 2021.
Entre los 310 líderes sociales que fueron asesinados en Colombia el año pasado, según cifras de la ONG Indepaz, hay personas que dedicaban su tiempo y energía a la protección de la riqueza que tiene el país en agua, bosques y fauna, tarea loable que choca de frente con los intereses de grupos armados ilegales que operan en los territorios, y que basan sus ingresos principalmente en la minería criminal y el narcotráfico; así como de traficantes de especies animales y explotadores ilegales de la madera.
Incluso la labor altruista de estas personas puede resultar incómoda para sectores formales como el agropecuario y el minero, que en ocasiones ponen sus ojos en territorios sensibles como páramos y cuencas hidrográficas.
El año pasado en su informe ‘Defendiendo el mañana’, presentado por la ONG británica Global Witness, Colombia apareció como el país en donde más líderes ambientales fueron asesinados en 2019.
Ese estudio documentó 212 homicidios de ambientalistas en todo el mundo, de los cuales en Colombia se registró el 30% y en Filipinas el 20%.
En el caso colombiano la violencia contra defensores del ambiente tuvo en 2019 un inusitado crecimiento en comparación con el año 2018, cuando se registraron 24 asesinatos, de acuerdo con dicho informe.
A mediados de este año Global Witness presentará el informe correspondiente al 2020, en donde entre otros se podrá ver qué evolución ha tenido la violencia en Colombia contra los defensores ambientales. No obstante el resultado no promete, si es que hay una reducción, que sea significativa porque, como se dijo, hay un importante número de personas que se dedicaban a esa actividad entre los más de 300 líderes sociales que perdieron la vida a manos de los violentos en esa vigencia.
Hace unos días luego de una reunión de revisión de seguridad y planeación estratégica para el 2021, presidida por el jefe de Estado y con la presencia de la cúpula militar y de policía, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que la Fuerza Pública trabajará arduamente para mejorar los registros históricos en seguridad y defensa conseguidos durante el 2020.
“La menor tasa de homicidios, el menor número de secuestros, el mayor número de área de cultivos ilícitos erradicadas, la más alta cantidad de incautaciones de clorhidrato de cocaína y un gran número de laboratorios destruidos” fueron algunos de los resultados del 2020 destacados por el Ministro.
Algunos casos
La semana pasada el cuerpo de Gonzalo Cardona Molina, un guardabosques y defensor medioambiental, coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del loro orejiamarillo, fue encontrado sin vida en el sector conocido como La Unión, en Valle del Cauca. Este protector de la naturaleza llevaba desaparecido desde el 8 de enero.
Aunque de momento las autoridades no se han pronunciado sobre la muerte de Molina, la Fundación ProAves aseguró que se trata de un asesinato.
Desde la creación de ProAves, en 1998, Cardona Molina había estado vinculado con la fundación y con la preservación del loro orejiamarillo, una especie endémica que vive en los bosques andinos húmedos colombianos y que está en peligro de extinción.
A principios de diciembre pasado fue asesinado el ambientalista Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena).
El entonces procurador Fernando Carrillo dijo que “la defensa del medio ambiente y de la riqueza de bosques y selvas ha convertido a nuestros líderes ambientales en blanco de las mafias criminales. Condenamos el asesinato de Javier Parra, coordinador de Cormacarena, Meta. Sus asesinos deben ser judicializados”.
En tanto que a finales de octubre pasado fue asesinada la ambientalista española Juana María Perea Plata en Nuquí (Chocó).
Días después la Fiscalía informó sobre la captura de Néstor Leonel Lozano Muriel, alias ‘Tigre’ o ‘Guachón’, presunto autor material del homicidio.
La Fiscalía indicó que “el asesinato habría sido ordenado por cabecillas del ‘Clan del Golfo’ porque, al parecer, la mujer los increpó y les pidió abandonar la región para reactivar proyectos ecoturísticos”.
