De los 71 hechos reportados por la ONG Indepaz en su reciente informe, dos se registraron en el departamento del Huila en el municipio de Algeciras; hechos que aún no han sido esclarecidos por las autoridades.
Especial/24-7Semanario
¿Qué pasa en Colombia que casi a diario se presenta una masacre? esa es la pregunta que ronda en la comunidad internacional que a diario se entera por las noticias de lo que sucede en el país en torno a la muerte violenta de jóvenes, líderes sociales, campesinos entre otros.
El reciente informe de la ONG Indepaz, señala que Colombia alcanzó las 71 masacres en este 2020, superando desde el mes de julio el total que hubo en todo el 2019; periodo que presentó unas 36 masacres, según el informe de Indepaz.
De acuerdo con los datos, los departamentos con mayor número de masacres presentadas hasta la fecha fueron Antioquia con 15, seguido por el Cauca con 10 hechos violentos de este tipo, Nariño registró nueve masacres y Norte de Santander 6. El departamento del Huila, presenta dos masacres ocurridas en el municipio de Algeciras; hechos que a la fecha aún no han sido esclarecidos por las autoridades.
“No se puede dar nada concluyente pero sí se puede apreciar que sí hay un incremento tremendo y sobre todo durante la pandemia”, indicó el director de Indepaz, Camilo González Posso.
Septiembre negro
La situación por meses mostró que en septiembre se presentó el mayor número de masacres llegando a 16, luego de un ascenso registrado desde julio con 6 masacres y agosto con 11.
“Se venía incrementando desde el mes de julio, vienen dándose estas situaciones más críticas, pero yo creo que se intensificó la situación sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño”, afirmó el director González.
En octubre se dio una tendencia a la baja con 5 masacres.
En los 71 hechos que se han registrado en el 2020, han muerto un total de 278 personas, doblando ya sin que termine aún el año el número de presentados en masacres en 2019, con 133.
Qué dice en gobierno
Desde que se dispararon las cifras de masacres en agosto, el presidente Iván Duque aseguró que el nombre apropiado eran “homicidios colectivos”, que eran un tipo de victimización que nunca ha cesado en el país y que la causa principal era el narcotráfico.
“Esos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos, son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico (…) Pero tenemos que hacer más, mucho más y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales”, indicó el mandatario.
Por su parte, el Ministerio de Defensa, a través del líder de la cartera, Carlos Holmes Trujillo, ha insistido en que la solución es atacar la siembra de coca, especialmente mediante la fumigación aérea, un mecanismo que el Gobierno ha defendido a pesar de que la Corte Constitucional limitó ampliamente su uso desde hace más de un año al considerarlo contrario al Acuerdo de Paz de La Habana, que prioriza la sustitución de cultivos pactada con los campesinos.
Indepaz ha sido una de las organizaciones no gubernamentales colombianas que ha llevado el registro de las masacres cometidas durante 2020 y que ha denunciado su incremento respecto al año anterior.
Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, ha explicado que los motivos de las matanzas varían dependiendo del contexto conflictivo de cada región donde ocurren. González asegura que unas fueron por un ajuste de cuentas en las que grupos ilegales mataron a personas que estarían vinculadas con otros grupos armados con los que se disputan el control del territorio y la droga. En otros casos, ha sido por asesinar a migrantes venezolanos y en algunas ocasiones se ha tratado de ejercer un control político para obligar a los habitantes de ciertos lugares a que cumplan con los toques de queda y las cuarentenas que han impuesto los grupos ilegales en medio de la pandemia.
En 2016, la entonces guerrilla de las FARC firmó un pacto con el Gobierno colombiano que contenía diferentes compromisos, desde el abandono de las armas por parte de ese grupo ilegal hasta la llegada integral del Estado a territorios donde históricamente no ha hecho presencia.
Pero en la práctica y después de cuatro años de implementación, esto no se ha cumplido a cabalidad en la mayoría de los casos y mientras ello sucede la espiral de violencia continua acrecentándose en todo el territorio colombiano.
