La Casa Blanca prometió luchar contra el fallo de un juez federal que ordenó bloquear temporalmente a nivel nacional el controvertido decreto del Presidente Donald Trump que suspende el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
El comunicado original del secretario de prensa, Sean Spicer, tachó al fallo de «escandaloso», pero una versión actualizada del texto no incluyó ese calificativo.
Spicer dijo que el decreto de Trump era «legal y apropiado», y agregó: «La orden del Presidente busca proteger a la patria y tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense».
El juez federal James Robart bloqueó el viernes, con efecto inmediato sobre todo el país, la polémica prohibición adoptada por Trump el pasado viernes a la entrada de inmigrantes procedentes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia.
Esa suspensión rige hasta que Robart tome una decisión definitiva sobre la legalidad de la orden presidencial o hasta que una instancia judicial superior decida levantarla.
El fallo de Robart respondió a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minesota, ambos con fiscales demócratas.
Trump reaccionó a la decisión judicial con este mensaje en su cuenta de Twitter: «¡Tenemos que mantener al ‘diablo’ alejado de nuestro país!».
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo por su parte que la decisión judicial demuestra que ni siquiera el Presidente está por encima de la ley.
«La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de Estados Unidos», dijo Ferguson, que había calificado el veto de Trump de «inconstitucional» e «ilegal» al interponer la demanda.
Trump suspendió durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los países mencionados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados.
El Departamento de Estado aseguró que se han cancelado cerca de 60.000 visas de extranjeros provenientes de los siete países de mayoría musulmana después de la entrada en vigor del veto migratorio.
