Contraloría determina hallazgo administrativo, fiscal, disciplinario, penal y sancionatorio contra funcionarios de la Administración de Garzón una entidad bancaria
Tras una Auditoría Exprés practicada a la Alcaldía de Garzón por el hurto cibernético a dos de las cuentas del municipio, cuyo monto asciende a los $581.201.100, la Contraloría Departamental del Huila determinó un hallazgo de carácter administrativo, fiscal, disciplinario, penal y sancionatorio que involucra a la entidad bancaria donde se manejan las cuentas de la Alcaldía y dos funcionarios de la administración municipal.
Antecedentes
La Oficina de Control Fiscal de la Contraloría Departamental recibió de parte de la Oficina de Participación Ciudadana, una denuncia con la cual se solicitaba se practicara una Auditoría al municipio de Garzón, con el fin de que se evaluaran los pormenores del caso de transacción fraudulenta, efectuada mediante delito informativo a dos cuentas del municipio.
Según el reporte de la Administración Municipal, tuvo lugar el 16 de abril de 2020 en dos cuentas municipales en el banco Davivienda. La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación se instauró el día 23 de abril de 2020.
Ese mismo día, mediante oficio D.A. No. 0065 del 23 de abril de 2020, el alcalde de Garzón, Leonardo Valenzuela, informó de los hechos a la Aseguradora Solidaria de Colombia. Se trata de dos transacciones una desde la cuenta de ahorros del municipio en el banco Davivienda por $305.550.700 y otra desde una cuenta empresarial en la misma entidad financiera por $275.650.400, para un total de $581.201.100.
Según lo reportado por la Administración Municipal, al parecer, las transacciones tuvieron como objeto el pago a proveedores. No obstante, se logró corroborar que el titular de la cédula a quien el banco Davivienda le efectuó los dos pagos, identificado como Andrés Mauricio Caraballi, no es proveedor, ni contratista del municipio de Garzón, así como tampoco existe ninguna relación comercial o laboral en el pasado.
Días después, mediante oficio con fecha del 29 de abril de 2020, dirigido al banco Davivienda, el alcalde municipal presentó un derecho de petición para que se procediera al reintegro del dinero sustraído de las cuentas bancarias del municipio, a la fecha de la visita, 3 de junio de 2020, el banco Davivienda no se había pronunciado sobre los oficios enviados por la administración municipal.
Según reporta la Alcaldía, al parecer, la entidad bancaria no adelantó el procedimiento pactado en el contrato suscrito entre el municipio y la entidad para el traslado de cuantiosas sumas de dinero. Según la Tesorera se debió verificar el pago con ella mediante llamada telefónica, acción que no se realizó. Asimismo, indicó que hay inconsistencias en la fecha de la orden de pago y el giro, que aparece consignado el día anterior a la orden.
El banco Davivienda le comunicó a la Oficina de Control Fiscal, que frente al estado de la reclamación para el reintegro de los dineros solicitados por el Alcalde, se realizó una investigación a nivel interno que involucró diferentes áreas de análisis. Sin embargo, indicó que se requiere del peritazgo de los equipos objeto de investigación y a los que al parecer, no han tenido acceso, y están a la espera de la disponibilidad de los mismos por parte del Municipio de Garzón.
Davivienda también le comunicó al alcalde de Garzón, que con respecto a la devolución de los recursos, realizará un pronunciamiento al respecto, una vez la justicia ordinaria emita responsabilidad del Banco sobre los hechos.
Hallazgo
En conclusión, frente a los hechos antes mencionados y teniendo en cuenta que mediante un nuevo oficio con fecha del 11 de junio de 2020, dirigido al banco Davivienda, oficina Garzón, el alcalde municipal presenta reiteración de la solicitud de reintegro de los dineros sustraídos por fraude electrónico, petición que, a la fecha de elaboración del informe de auditoría, junio de 2020, no ha recibido respuesta de parte del banco, se presenta pérdida de recursos de cuentas bancarias del municipio, y con ello una disminución del patrimonio público por $581.201.100; lo que constituye un presunto daño patrimonial, configurándose un hallazgo de carácter administrativo, fiscal, disciplinario, penal y sancionatorio por la suma mencionada.
En el hallazgo, la Contraloría ha decidido involucrar al banco Davivienda quien suscribió contrato para el manejo de cuentas bancarias corrientes y de ahorro de propiedad del municipio; y al Secretario de Hacienda y a la Tesorera del municipio de Garzón, como quiera que son los dos únicos funcionarios que poseen claves de acceso, claves o token para generar y autorizar giros electrónicos, poseen los computadores identificados y habilitados por el banco Davivienda, para la ejecución de estas tareas inherentes a sus cargos.
Para la Contraloría, en la Administración Municipal de Garzón, hay limitaciones y debilidades de la Secretaría de Hacienda municipal por ausencia de procedimientos, seguimientos y controles adecuados, oportunos, permanentes y sistemáticos en el manejo de las cuentas bancarias del municipio, de manera que se mitigaran los riesgos de pérdida de recursos o fraude a través de delitos informáticos, teniendo en cuenta que el equipo de cómputo que valida una transacción electrónica se encuentra identificado y validado por el banco Davivienda, y las autorizaciones de giros contra cuentas bancarias del municipio, recae única y exclusivamente en la Secretaría de hacienda Municipal.
También encuentra debilidades en el sistema de control interno, por la falta de seguimiento y evaluación a la gestión financiera de la Secretaría de Hacienda municipal en cuanto al establecimiento y práctica de protocolos de seguridad informática para el ejercicio efectivo, control, seguimiento, verificación de pagos, rastreo y verificación de movimientos en el manejo de las cuentas bancarias del municipio.
