El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de negar la pretensión que tenía la Gobernación de Antioquia, a través de la Sociedad Hidroituango, de la cual es miembro mayoritario, de exigirle a EPM el pago de más de $117.000 millones, como multa por presuntamente haber incumplido el hito 7 de construcción de la hidroeléctrica, una demanda que había interpuesto el exgobernador Luis Pérez.
La sociedad había interpuesto un recurso de apelación a la decisión tomada inicialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia y para el Consejo de Estado, el presunto incumplimiento del hito 7 de Hidroituango que era el cierre de las compuertas de los túneles de desviación, debe estar certificado por un tribunal de arbitramento.
El hito 7 de la obra era el “cierre de las compuertas de desviación y el inicio de llenado del embalse lo cual deberá ocurrir a más tardar el 1 de marzo de 2018”, plazo que fue extendido para el 1 de julio de 2018.
El argumento del Tribunal, que ratifica el Consejo de Estado, es que la gobernación no entregó material suficiente para respaldar el presunto incumplimiento del hito y que, además, la demanda se presentó cuando la disputa estaba en proceso, por lo que debió haber ido a un Tribunal de Arbitramento.
Lo que sigue entonces es que ahora sí, la demanda presentada por la administración pasada, es decir, por Luis Pérez, pasa a un tribunal de esa competencia.
