De acuerdo con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la movilización será una muestra de apoyo al jefe de Estado ante la determinación de la autoridad electoral.
Menos de 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro instó a la movilización popular, en respuesta a la investigación que abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña por presunta violación de topes electorales, este miércoles las centrales obreras convocaron a protestas.
De acuerdo con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la movilización será una muestra de apoyo al jefe de Estado ante la determinación de la autoridad electoral, que decidió formular cargos a la campaña del Pacto Histórico en 2022 por supuestamente volarse los topes entre primera y segunda vuelta en más de $5.355 millones.
“Invitamos a la gente a salir a defender la democracia de Colombia el próximo 23 de octubre. Lo que está haciendo el CNE es prevaricato, está violando la Constitución y la ley, es decir, está dando un golpe de Estado. Ante ello, vamos a estar en la calle”, manifestó el dirigente.
Previamente, la CUT, así como la Confederación General del Trabajo (CGT) –en sintonía con lo dicho por Petro–, aseguraron que la decisión del CNE era un “quiebre de la vida institucional del país”. Por ello, instaron a “defender la democracia mediante la movilización social y callejera”.
A su turno, Petro había instado a todas las organizaciones populares del país a entrar en “asamblea permanente”, señalando que “la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”.
Según Petro, que ordenó a la Fuerza Pública “no levantar un solo arma contra el pueblo”, la decisión del CNE “es un golpe” contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley. “Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo”, manifestó.
Pese a que Petro ha arreciado en la tesis del golpe de Estado, lo cierto es que la máxima sanción, de ser hallada culpable la campaña, le significaría al jefe de Estado una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.
Según expertos, la tesis del supuesto golpe se desvirtúa en la medida en que el CNE solo puede imponer sanciones administrativas, como la devolución de la reposición de los votos. Como lo ratificó en fallos recientes el Consejo de Estado, la potestad de sancionar penal o disciplinariamente al presidente sigue en manos del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones.
De hecho, juristas del calibre de Rodrigo Uprimny –investigador de la corporación Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional–, han señalado que la tesis del presidente Gustavo Petro no solo “carece de sustento”, sino que es peligrosa y “desdice de su investidura” presidencial.
“El CNE tiene competencia para investigar irregularidades en los gastos de las campañas. Es lo que está haciendo frente a la de Petro. Y aunque admite alguna controversia, estoy de acuerdo con la Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) en que el CNE puede imponerle al presidente ciertas sanciones administrativas, como multas, si verifica la violación de estos topes”, explicó recientemente en una columna en El Espectador Uprinmy.
