La tercera consulta popular para restringir la minería de alto impacto y la construcción de nuevas represas se abrió paso en el municipio de La Argentina (Huila).
El Tribunal Administrativo avaló la iniciativa ciudadana propuesta por el alcalde Edwin Arbey Barajas Hernández y refrendada por el concejo.
El mandatario confirmó que actualmente se adelantan numerosos trámites para el licenciamiento de proyectos mineros en su territorio, altamente sensible por la enorme biodiversidad. Entre ellos mencionó proyectos para explotación de materiales de construcción, arcillas y plata.
Grandes empresas como Goliat gestiona títulos mineros para explotación de oro y concentrados, mientras que la empresa Anglo American mantiene un proyecto para explotación de cobre y sus derivados, entre otros.
Además, estimó que “con la ejecución de estos y otros proyectos se pone en riesgo la riqueza natural
“La Argentina tiene un 2.93 % de su territorio (939.72 hectáreas) en zonas glaciares, páramos y subparamos; un 41.43 % en bosque denso alto (13281.23 hectáreas), un 55.45 % en mosaico de cultivos, pastos y bosques fragmentados (17.778.6 Has) y un 0.17 % en zona urbana (57.2 Ha), cifras que corroboran la gran riqueza del municipio y su vocación netamente agrícola”, explicó.
“Además, -añadió- el Conpes 3915 incluyó a La Argentina como uno de los 19 municipios del Huila que hacen parte del área de influencia del Macizo Colombiano, y sobre el cual, se deben iniciar accionara para preservar la zona ecológica más importante del país”.
En estas condiciones, “no existe duda de que los habitantes tienen el legítimo derecho a pronunciarse al respecto”, aseguró el magistrado Ramiro Aponte Pino al declarar la constitucionalidad del procedimiento sometido a su consideración.
Otras dos consultas, impulsadas por las comunidades y acogidas por los alcaldes y concejales, fueron autorizadas en los municipios de Íquira y Oporapa. Las dos consultas están pendientes por falta de financiación.
El nuevo aval se registra ocho días después de una decisión de primera instancia que revocó un acuerdo en Pitalito restringiendo esas mismas actividades.
La controversia
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se opuso a la iniciativa y pidió que se declarará la inconstitucionalidad de la consulta popular, argumentando que las autoridades locales desconocieron y desbordaron las competencias constitucionales y legales toda vez que la Nación es la exclusiva propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y es la encargada de regular la actividad minera. Sin embargo, no prosperó.
La Procuradora 34 Judicial respaldó el procedimiento y estimó que la pregunta formulada, cumplen con los requisitos de claridad, lealtad y objetividad. Además, reivindicó el derecho a la participación y la facultad que tienen los entes territoriales para convocar las consultas populares.
Respaldado por movimientos y líderes sociales el alcalde Barajas Hernández solicitó a los concejales un concepto previo sobre la conveniencia de la consulta.
La petición fue formulada al concejo el 8 de mayo de 2018, y obtuvo concepto favorable el 25 de mayo siguiente, acorde con los procedimientos reglados.
“El alcalde y el concejo municipal de La Argentina (H), están autorizados para convocar a sus habitantes a pronunciarse sobre esa clase de proyectos”, afirmó el magistrado Ramiro Aponte Pino, acorde con los pronunciamientos que en este mismo sentido ha realizado el Consejo de Estado.
