La Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda de nulidad contra dicha resolución porque flexibiliza de manera ilegal los requisitos fundamentales para la inscripción y supervisión de dichas organizaciones.
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), en su compromiso con la defensa de los principios constitucionales y el Estado de Derecho, el pasado 30 de agosto presentó una demanda de nulidad contra la Resolución 085 del 2 de abril de 2024, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta resolución, que reglamenta la inscripción y cancelación de organizaciones de cadena en los sectores agropecuario, pesquero, forestal y acuícola, flexibiliza de manera cuestionable los
requisitos fundamentales para la inscripción y supervisión de dichas organizaciones.
FEDe. Colombia argumentó que la Resolución 085 viola principios constitucionales esenciales, como el de legalidad, gobierno constitucional y transparencia. Al eliminar requisitos clave, como la obligatoriedad de presentar un plan de acción y de indicadores de desempeño para las organizaciones de cadena, lab resolución abre la puerta a que estructuras sin capacidad puedan recibir recursos parafiscales. Estos recursos, que provienen de contribuciones específicas para el desarrollo sectorial, deben ser gestionados bajo estrictos criterios de destinación y eficiencia.
La flexibilización de estos requisitos permite la inclusión de organizaciones no alineadas con los
fines legales de sostenibilidad y desarrollo competitivo del sector, y puede resultar en un uso
inadecuado de los recursos parafiscales, desviándolos de sus objetivos legales.
Así mismo, FEDe. Colombia señala que el proceso de expedición de la Resolución 085 no cumplió con los estándares de publicidad y participación que exige la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015. Estas normas establecen que los proyectos de regulación deben ser publicados con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar observaciones, pero, en este caso, se otorgó un sólo día para comentarios, que resultó insuficiente para una revisión y contribución efectiva por parte de los ciudadanos y actores del sector.
El Consejo de Estado admitió la demanda. Este importante avance en el proceso refuerza el compromiso de la Fundación con los valores propios del Estado de Derecho, en el que los recursos públicos se gestionen bajo una normativa clara, coherente y en sintonía con los intereses colectivos.
La Fundación para el Estado de Derecho defiende el principio de que cualquier acto administrativo se ajuste estrictamente al marco constitucional y legal, especialmente cuando se trata de decisiones que impactan directamente la estructura económica y productiva del país.
