La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) demandó a esta entidad para proteger los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, vulnerados por las actuaciones y omisiones que afectan la gestión eficiente y transparente de la SAE.
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una acción popular contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por incumplir con su deber de gestionar los bienes públicos de manera eficiente y transparente.
Uno de los principales problemas identificados es la inacción de la SAE en la recuperación de bienes ocupados ilegalmente que están bajo su administración. Aunque la SAE tiene amplias facultades para recuperar estos bienes, no ha cumplido sus funciones. Esto ha resultado en un deterioro de su valor y en pérdidas económicas significativas para el patrimonio público.
Actualmente, según informes de la misma SAE, existen más de 16.684 bienes en esta situación, sin
generar rentabilidad ni beneficios para la sociedad.
La falta de acciones para recuperar estos bienes, ya sea por vía administrativa o judicial, demuestra una negligencia que permite a particulares beneficiarse indebidamente de recursos que deberían estar al servicio de la comunidad.
Lo que resulta aún más preocupante es que, pese a contar con un presupuesto específico de más de $12.000.000 millones (vigencia 2024) para los procesos de recuperación de bienes y con personal dedicado exclusivamente a esta tarea, la SAE muestra estadísticas de baja efectividad. Un ejemplo de esta situación es la Hacienda Santa Helena, en Caucasia, que fue invadida desde abril de 2024 y que no ha sido recuperada.
Además de esta situación, la SAE tampoco ha gestionado de manera eficiente los contratos de arrendamiento. Esto se refleja en una disminución del recaudo de contratos bajo administración directa y en un aumento de la cartera de difícil cobro. La Contraloría General y auditorías internas de la SAE han alertado sobre esta situación. Dichas auditorías también revelan
problemas, como el reconocimiento incorrecto de sociedades en los estados financieros del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), una cuenta especial que administra la SAE. Al respecto, FEDe. Colombia ha aportado pruebas que evidencian una falta de seguimiento, evaluación y control en la gestión de estos bienes.
La administración inadecuada de los bienes constituye una violación directa a los derechos de las víctimas del conflicto, quienes tienen un legítimo interés en que estos activos sean gestionados con eficiencia y transparencia para cumplir su propósito de reparación.
La SAE tampoco ha realizado un seguimiento adecuado sobre los depositarios responsables de administrar los bienes de las sociedades bajo su gestión. Algunos depositarios no han presentado los informes de gestión requeridos para conocer el estado de los bienes, ni han cumplido con sus
obligaciones legales y contractuales, como el pago de impuestos o servicios públicos.
La Contraloría ha detectado, además, la pérdida de documentos importantes relacionados con los bienes administrados. También se han encontrado casos en los que los depositarios han utilizado estos bienes para fines personales, o han permitido su deterioro por falta de mantenimiento.
Algunos depositarios no constituyeron las garantías legales exigidas para el cumplimiento de sus funciones, y la SAE no les exigió estas pólizas antes de entregarles la administración de las sociedades, poniendo en riesgo los activos.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, aseguró que “la demanda busca la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, atendiendo a las deficiencias en la gestión de los activos que administra la SAE, las cuales impiden que dichos bienes cumplan con el propósito de garantizar un impacto positivo en el desarrollo social y económico de la nación”.
