Por tramitar ilegalmente la concesión del servicio de alumbrado público a 20 años con particulares, sin cumplir con los requisitos legales, la ex alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño Rojas y ocho de los 13 concejales que apoyaron su gestión, responderán hoy en un proceso penal que adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.
Los nueve implicados fueron acusados por los delitos de prevaricato por acción, al proferir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos.
Los acusados concurrirán hoy en la segunda fase del juicio oral para controvertir la acusación que les formuló la Fiscalía. En la primera etapa, la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo, rindieron su versión sobre los hechos. Los dos funcionarios, explicaron las circunstancias en que se tramitó la concesión del servicio.
Polémico acuerdo
La corporación autorizó a la mandataria de Campoalegre para entregar en concesión la administración y operación del servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones y soportes financieros. Además, facultó a la mandataria para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos.
El Acuerdo 012 fue aprobado en un corto periodo de sesiones extras, el 19 de junio de 2012 por el concejo, sin cumplir con todos los requisitos legales exigidos y recibió sanción ejecutiva el 22 de junio de 2012.
La iniciativa contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio.
El proyecto no estaba inscrito ni viabilizado en el Plan de Desarrollo ni contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento.
La coalición mayoritaria, amparada en normas derogadas, facultó a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá de su mandato.
“Como la autorización para comprometer las vigencias futuras excedía el periodo de gobierno, era necesario demostrar la importancia estratégica del proyecto, cosa que no sucedió”, precisó la Fiscalía.
El marco fiscal de mediano plazo no contenía el informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, ni la estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, ni la relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que puedan afectar la situación financiera del municipio, ni el costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia anterior.
El acuerdo 012 de 2012, según la acusación, soslayó el marco normativo. No se acreditó la existencia de esta iniciativa debidamente inscrita y viabilizada en los bancos de proyectos. Sin embargo el secretario General de la época, aclaró ayer en la audiencia oral que el proyecto se apoyó en el Plan de Desarrollo anterior (2008-2011) ya que el nuevo 2012-2015 estaba en estudio.
No obstante, solo aparecía relacionado el subprograma servicios públicos domiciliarios, cuya meta es iluminemos el municipio.
En la primera etapa, la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo, rindieron su versión sobre los hechos. Los dos funcionarios explicaron los pormenores de la iniciativa.
