El comerciante, convertido luego en concejal, fue vinculado en un proceso penal por la presunta comisión del delito de rebelión que nunca se demostró. La propia Fiscalía concluyó que los cargos no tenían ningún fundamento y decidió archivar el proceso y ordenar su libertad, luego de seis meses de estar detenido.
El Consejo de Estado acaba de confirmar en segunda instancia, la condena que profirió contra la Fiscalía el Tribunal Administrativo del Huila. El comerciante fue elegido concejal en el 2003 pero renunció por las amenazas. Después aspiró por la Alianza Verde alcanzando una curul. El año pasado fue presidente de la corporación.
La captura
Soportado en el informe de inteligencia de la Dijin la Fiscalía Sexta Delegada abrió la investigación, ordenó el allanamiento de varios inmuebles, y dispuso la captura de varias personas presuntamente vinculadas con las Farc, entre ellas, el comerciante Cein Lara Ramírez. Ese día, el comerciante fue detenido a las 4:30 de la madrugada en un envolvente operativo que concluyó con varias capturas.
La Fiscalía tenía en su poder los testimonios de varios desmovilizados, entre ellos, Vicente Díaz Riaño, Julio Lenin Vanegas Gil, Julio César Torres Valderrama, Hermes Barrera Bedoya y Orlando Rojas Tumbo. Además, una declaración de ex guerrilleros que resultó falsa.
El informe policial lo vinculaba con las milicias de la columna Teófilo Forero y lo señalaba como el encargado de inteligencia y suministro de víveres. Además, lo sindicaba como una de las personas que manejaba las finanzas del jefe guerrillero Gustavo Navarro Morales, (‘El Mocho’), abatido el 20 de octubre de 2003, durante un bombardeo en San Vicente del Caguán (Caquetá) con un saldo de once muertos.
El 26 de abril de 2004, la Fiscalía instructora le definió la situación y profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de rebelión. Nada de eso se demostró.
Sin embargo, el 20 de septiembre de ese mismo año, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito precluyó en su favor la investigación y ordenó su inmediata libertad.
La decisión que fue confirmada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior Neiva-Huila. El comerciante, demandó a la Fiscalía el 19 de septiembre de 2006 por la injusta privación de la libertad de que fuera objeto durante seis meses.
