Un año después de permanecer estancado, la Alcaldía de Neiva, reabrirá el expediente sancionatorio por el desplome parcial de la tribunal occidental del estadio ‘Guillermo Plazas’, ocurrido en 19 de agosto de 2016 con un saldo de cuatro muertos y diez heridos.
El secretario jurídico de la Alcaldía de Neiva, Eduardo Richard Vargas Barrera convocó de nuevo las audiencias para resolver de fondo la controversia contractual y determinar el futuro de las obras de remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
Esta vez, la meta es poder destrabar este proceso administrativo y determinar el futuro de la remodelación, igualmente paralizada desde que ocurrió la tragedia.
En otras palabras, el fallo definitivo está listo. Solo que tendrá que notificarse en audiencia pública.
El funcionario, quien venía instruyendo el proceso sancionatorio, ahora en calidad de Alcalde Ad hoc realizó un nuevo estudio de las actuaciones que se surtieron mientras el expediente permaneció en Bogotá. Al no existir reclamaciones pendientes, decidió reabrir el expediente, ahora en calidad de alcalde ad hoc.
La designación la hizo el presidente de la República Iván Duque con la firma de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez el 7 de septiembre pasado. El encargo lo asumió el 20 de septiembre ante el Notario Quinto del Círculo de Neiva.
La decisión
El funcionario tendrá que fallar en derecho el proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento que se adelanta contra los representantes legales del Consorcio Estadio 2015 encargado de la obra física. La audiencia fue convocada para el próximo jueves.
Vargas Barrera, según el protocolo, instalará la audiencia y de no encontrar eventualidades nulidades, procederá a dar lectura al respectivo fallo.
La segunda audiencia contra del consorcio Interventoría 2014 encargado de ejercer la vigilancia y correcta ejecución de la obra, fue programada para el lunes de la próxima semana. En este caso no procede la caducidad sino la cancelación unilateral.
Congelado
El expediente está inactivo desde el 25 de julio pasado cuando renunció el viceministro Héctor Olimpo Espinoza, quien reasumió el expediente en calidad de alcalde ad hoc.
Sin embargo está congelado desde el 23 de agosto de 2017 el 23 de agosto de 2017, cuando la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. Esta decisión que involucró a contratistas, interventores y funcionarios públicos, incluyendo a los dos últimos alcaldes, originó la ola de recusaciones que impidieron un pronunciamiento de fondo.
El ‘tire y afloje’ entre las partes impidió que el proceso sancionatorio pudiera avanzar. El proceso quedó en la etapa de alegatos de conclusión (la última fase del proceso) y sólo resta el fallo final.
Los representantes legales del consorcio Miguel Alejandro Lozano Castañeda y Luis Alfonso Trujillo, denunciaron irregularidades en el trámite del proceso, falta de garantías y violaciones al debido proceso. Por estos hechos, se originaron las recusaciones y las investigaciones disciplinarias contra el equipo jurídico encargado de adelantar el proceso, y lograron frenarlo.
