Los nuevos planteamientos jurídico – ambientales por parte de las altas Cortes han reenfocado la visión de todas las industrias, entre ellas la urbanística, integrándose a las necesidades colectivas, donde la legislación urbana ya no es única protagonista, teniendo que compartir espacios con la normatividad ambiental. Sentencias como la C-192 de 2016 de la Corte Constitucional ha replanteado el derecho urbanístico en Colombia, enviando un asunto que mayoritariamente manejaban los arquitectos e ingenieros al plano jurídico – ambiental. Los nuevos retos que vienen de la mano con el crecimiento de la capital huilense y el modelo urbano – ambiental se integran en la práctica en busca de una coordinación entre empresarios, administración y la comunidad en general.
La ciudad de Neiva y todo el país es parte del nuevo paradigma ambiental, en el que se promueve un urbanismo sostenible y donde el conocimiento de la legislación ambiental por parte del grupo de trabajo de los empresarios es determinante para no terminar abortando proyectos en altos niveles de avance, donde no solo se afecta el proyecto urbanístico como tal, sino también el “Good Will” o buen nombre de la empresa, como consecuencia de no desarrollar obras urbanísticas ya anunciados por dificultades de carácter legal – ambiental.
Urbanismo y ambiente
Casos tan conocidos por todos los Neivanos como el del sector los Colores, donde se imposibilitó la realización de proyectos urbanísticos por temas jurídico – ambientales, son la muestra de que los empresarios necesitan apoyarse aún más en las garantías Constitucionales y en principios como el de seguridad jurídica o confianza legítima.
El caso de los colores es solo uno de tantos proyectos que se han tenido que suspender por temas ambientales, ya que este es una constante no solo en la ciudad de Neiva sino también en todo Colombia y no solamente en el sector urbanístico sino también en otros conocidos sectores de la economía colombiana, donde los privados interesados en el desarrollo de los proyectos no logran el punto de equilibrio entre el derecho a gozar de un ambiente sano y la libertad de empresa, ambos derechos protegidos constitucionalmente y que muy seguramente con un trabajo conjunto si se puede alcanzar.
Urbanismo sostenible
El nuevo paradigma propone que la conservación ambiental debe ir de la mano con un desarrollo urbano compacto que mezcle vivienda, comercio y trabajo, donde el principio establecido por la Constitución Política de desarrollo sostenible es posible, y se pueda satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar las necesidades de las generaciones futuras para que sea posible el desarrollo urbanístico ambiental de todos los Huilenses.
La opinión de un experto
Según Nicolás Rojas, abogado Magister en Derecho Minero y profesor universitario en la catedra de Derecho Ambiental, indica que es necesario en el caso de Los Colores, realizar un estudio técnico ambiental que determine exactamente si el terreno reúne las condiciones naturales para ser un humedal, lago o laguna, evento en el cual el tratamiento jurídico que se debe dar es totalmente distinto, previniendo así errores en el procedimiento de protección al ecosistema y afectando gravemente el desarrollo de proyectos que si se pueden llevar a cabo cumpliendo con la legislación ambiental, evitando la paralización de obras que cuentan con todas las garantías ambientales y que están dentro del marco constitucional y legal.
“Este estudio en el sector Los Colores, es necesario para determinar normas aplicables a este caso concreto respecto de los proyectos urbanísticos, ya que puede existir confusión y por tanto la paralización de proyectos sin el debido sustento normativo”
Adicional a ello, el doctor Rojas expresa que la legislación ambiental tiene muchos vacíos jurídicos y falencias, lo que se presta para la errónea aplicación de las leyes ambientales, ya que la normatividad ambiental es abúndate y dispersa, además de ello este es un derecho poco estudiado por la mayoría de juristas, por lo que es muy frecuente la errónea interpretación incluso por la administración pública, sin desconocer el gran esfuerzo y trabajo de las autoridades administrativas.
Finalmente Nicolás Rojas, afirma que una solución para estos específicos casos es la coordinación entre los empresarios, autoridades ambientales y urbanísticas para la efectiva aplicación de las normas ambientales como la ley 99 de 1993, y la reciente jurisprudencia de las altas cortes, de forma tal que no se terminen paralizando los proyectos urbanísticos del departamento u otro tipo de industrias como la piscícola, minera y agropecuaria como consecuencia de un populismo ambiental sin ningún sustento constitucional, jurisprudencial y legal.
