El Proyecto de Ley de jurisdicción agraria viola la constitución: Fundación para el Estado de Derecho

Parte del articulado del proyecto de ley representa una amenaza para el Estado de Derecho. Dentro de los principales hallazgos están: la regulación de procedimientos agrarios administrativos que eliminan la etapa de control judicial; prerrogativas que generan desigualdad procesal; la legitimación de la ocupación de predios a través del principio de “permanencia agraria”; y el riesgo de vaciamiento de las funciones constitucionales de otras jurisdicciones; entre otros.

La Fundación para el Estado de Derecho, con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED), se dio a la tarea de analizar el Proyecto de Ley S-183 de 2024, de iniciativa gubernamental, radicado ante la comisión primera del Senado el 27 de agosto de 2024, por los ministros de Agricultura, Justicia y del
Interior. Este proyecto tiene por objeto determinar la competencia y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, así como establecer los principios que rigen las actuaciones judiciales de la justicia agraria y rural.

Un equipo de abogados expertos en temas sociales y agrarios realizó un análisis exhaustivo. Este análisis fue parte de una investigación llamada ‘Semáforo del Estado de Derecho’. Su objetivo es advertir sobre los riesgos que podrían generar las reformas constitucionales, legales y actos administrativos para el Estado de Derecho y la democracia en Colombia. El equipo encontró que el proyecto actual sobre la jurisdicción agraria y rural podría poner en riesgo los derechos de propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Dentro de los hallazgos más preocupantes que deben ser puestos en conocimiento de la ciudadanía por representaruna amenaza para el Estado de Derecho y que deben corregirse están:

• La regulación de procedimientos agrarios administrativos que eliminan la etapa de control judicial.
• Prerrogativas que generan desigualdad procesal entre las partes.
• La legitimación de la ocupación de predios a través del principio de “permanencia agraria”.
• El riesgo de vaciamiento de las funciones constitucionales de otras jurisdicciones.

«Este análisis reveló una serie de complejidades y desafíos que exigen una atención cuidadosa para el futuro del país. La jurisdicción agraria y rural debe implementarse sí, pero sin violar principios del Estado de Derecho. Como están redactadas algunas de estas normas, no se va a generar más paz en el campo sino nuevos conflictos más graves que los que tenemos hoy por cuenta de las luchas por tierras en el pasado”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la Junta Directiva de la Fundación para el Estado de Derecho.

Los factores más preocupantes son los siguientes: la legitimación de la ocupación de tierras mediante el principio de «permanencia agraria», que limita la capacidad de los propietarios para proteger sus tierras frente a ocupaciones indebidas; la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras designe o adquiera tierras a través de procedimientos administrativos rurales sin un control judicial adecuado, lo que, sumado a la falta de claridad en algunos puntos del proyecto, alimenta el temor de una posible «expropiación exprés», en la que los propietarios tendrían menos oportunidades para defender sus derechos; los riesgos para el debido proceso que generan desigualdad en los procedimientos judiciales de la nueva jurisdicción agraria, ya que se introducen prerrogativas y desequilibrios que afectan el derecho al debido proceso y la igualdad en los juicios; y, finalmente, la incertidumbre jurídica y el debilitamiento institucional debido a la falta de claridad en el régimen de transición hacia la nueva jurisdicción agraria, lo que vacía de funciones a las jurisdicciones ordinarias y la contencioso administrativa, que tradicionalmente han tenido competencia sobre estos asuntos.

“Si no se corrige el rumbo y se hacen los ajustes, lo que se viene es un tremendo caos jurisdiccional. La asignación de competencias pertenecientes a la jurisdicción contenciosa a otros actores no especializados en la materia en favor de la Jurisdicción Agraria podría generar duplicidad en el sistema judicial”, aseguró Vélez.

Este análisis pone de manifiesto una serie de complejidades y desafíos que requieren atención cuidadosa.

La implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural debe asegurar el respeto pleno a los derechos de propiedad privada, el debido proceso y el gobierno constitucional. Aunque la creación de esta jurisdicción es un avance positivo, su éxito dependerá de la capacidad del Congreso y del Gobierno para corregir los aspectos señalados.