Fiscalía revela mapa de riesgo para las elecciones en Colombia
“La Fiscalía está lista para enfrentar este certamen electoral y cumplirle a los colombianos siempre”, notificó ayer el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, al anunciar una especie de plan de choque para enfrentar a las personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho propio o atentar contra la libertad democrática de la ciudadanía –compra de votos, fraude, factores de violencia — en las elecciones legislativas del 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo, además, eventualmente, si hay segunda vuelta, del 19 de junio.
Barbosa Delgado hizo las precisiones sobe la base de un mapa de riesgo de delitos electorales para estos procesos, según el cual, del total de municipios del país, 258 tienen riesgo alto; en riesgo medio 526; y 338 municipios en riesgo bajo.
El Fiscal advirtió que el mapa de riesgo electoral será actualizado de acuerdo con el avance de los procesos investigativos, para lo cual anunció la integración de un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a Dirección Especializada contra Corrupción y la articulación de esfuerzos de las Delegadas contra Criminalidad Organizada y Seguridad Territorial.
Anunció que estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a distintas zonas y realizar actos urgentes u obtención de material de prueba. Estarán activados durante 3 meses previos y hasta 15 días después de elecciones.
Dijo que con itinerancia, mayor presencia en territorios, priorización y asociación de casos, entre otras múltiples actividades, la Fiscalía enfrentará a personas y organizaciones criminales que buscan sacar provecho o atentar contra libertad democrática de ciudadanía en elecciones de 2022.
Al efecto, señaló que emitió la Directiva 0002 en la cual fueron detallados los parámetros para actuar y dar con los determinadores y mayores responsables de distintas prácticas, desde la inscripción irregular de cédulas, hasta la financiación ilícita de campañas, entre otras.
«Los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas», precisó.
Explicó que la directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; y en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.
Añadió que fiscales de conocimiento tendrán libertad probatoria y de aplicación de las distintas técnicas investigativas que estén a su alcance. Sin embargo, deberán consolidar procesos robustos, con análisis de contexto sobre la realidad que enfrenta cada territorio en delitos electorales, puntualizó.
“La Unidad Especial de Investigación será la encargada de hacer todas las investigaciones, con policía judicial propia, para el tema de las circunscripciones de paz y, al mismo tiempo, homicidios o amenazas de reincorporados o miembros del Partido Comunes”, explicó el Fiscal Barbosa Delgado.
De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba. Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.
“Tendremos un comité de priorización en la Fiscalía General de la Nación permanente. Un comité directivo analizando el fenómeno electoral, de acá al fin de los comicios presidenciales. Al mismo tiempo, tendremos puestos de mando unificado itinerantes en todo el territorio nacional, organizados por los directivos seccionales para informarle al país, en tiempo real, lo que está pasando con el delito electoral en Colombia”, afirmó el Fiscal General.