Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), detalla que la violencia electoral en este 2021 hasta el momento ha dejado 140 víctimas mortales.
Los meses de acuerdo con el documento socializado a la opinión pública y que presentan los mayores picos de violencia han sido septiembre con 25 casos, octubre con 25 y noviembre con 20.
Especial/24-7Semanario
La violencia electoral ha dejado 140 víctimas en Colombia, entre ellas 16 asesinadas, en 99 hechos ocurridos de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2022; así se desprende del informe presentado esta semana por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en un documento que recoge lo ocurrido desde el pasado 13 de marzo.
El «Tercer informe de violencia y dinámica electoral» que registra «hechos victimizantes en contra de funcionarios públicos, precandidatos, candidatos, militantes políticos, autoridades indígenas y denunciantes de corrupción» señala que «en promedio cada dos días se registra una víctima de violencia político-electoral en Colombia».
La Fundación recalca que la violencia electoral, además de estar vinculada con las «dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad», también está marcada por «las dinámicas políticas clientelistas y corruptas».
«Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país», agregó la información.
Dinámicas de violencia
El informe señala que ha recogido información desde marzo y, teniendo en cuenta eso, los meses con mayores picos de violencia han sido septiembre con 25 casos, octubre con 25 y noviembre con 20.
Los 99 hechos de violencia han ocurrido en 25 de los 32 departamentos del país y se concentran en el Valle del Cauca (13), Antioquia (9), Magdalena (9), Bogotá (8), Cauca (8), Norte de Santander (7) y Atlántico (5).
«Asimismo es importante mencionar que el 51 % del total de las víctimas se concentran en Bogotá (21), Valle del Cauca (14), Norte de Santander (13), La Guajira (12) y Antioquia (12)», añadió el informe.
En cuanto a quienes han sufrido estos ataques, detalló la Fundación Pares en el informe, «los perfiles más victimizados» son los concejales con 18 casos, seguidos de periodistas (14), alcaldes (13), senadores (11) y precandidatos a la cámara de representantes (8).
«En esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, hacen parte de las coaliciones de gobierno», resalta el informe.
Sobre los perpetradores de la violencia electoral, la Fundación aclara que «para este informe, en la mayoría de los casos no ha sido posible esclarecer cuáles grupos o estructuras cometen estos actos».
De los 99 hechos de violencia, en 68 se desconoce a los autores, en 11 se achacan a los «Grupos Armados PosFARC» y en seis a las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo y principal banda criminal del país.
«Adicionalmente se cuentan nuevamente a las ‘Águilas Negras’ (siete casos), que también registraban como actores victimizantes en 2019», recalcó Pares.
Oscuro panorama
Solo para evidenciar el escenario que se podría vivir en 2022, Pares recordó que en 2019 (elecciones regionales), la violencia electoral dejó 230 víctimas en 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. Tres de cada 10 víctimas de este tipo de violencia formaban parte de sectores de oposición al Gobierno nacional.
También aclaró que a pesar de que el inicio formal de las campañas será en diciembre, las fuerzas políticas de todo el país ya han empezado a moverse para postular a sus diferentes precandidatos y lograr una curul en el Congreso. Es por esta razón que Pares identificará este tiempo de campaña “no formal” como el período preelectoral.
En este contexto, los políticos llegarán a las urnas en las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022, en las que además las coaliciones en las que están agrupados elegirán en consultas sus candidatos a la Presidencia para los comicios del 29 de mayo.
¿Qué es violencia electoral?
La violencia electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.
