La Sala Plena de la Corte Constitucional negó una tutela impuesta por la defensa del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, que buscaba tumbar la condición de imputado penal en el marco del proceso por posible fraude procesal y soborno a testigos.
Con cinco votos en contra y cuatro a favor, el alto tribunal tumbó el recurso, por lo que el exmandatario continuará el proceso penal en calidad de imputado.
La Corte consideró que hay una equivalencia entre el llamado a indagatoria del antiguo sistema penal (Ley 600) con el de imputado en la actual legislación penal (ley 906 de 2004) y por eso el expresidente debe seguir vinculado al proceso.
El magistrado ponente, Alejandro Linares explicó que “Cuando hay un cambio de sistema procesal de ley 600 a 906 o viceversa por renuncia o fuero, conservará validez todo lo actuado siempre y cuando hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación”.
Según Linares, esta decisión fue producto de un análisis de las normas procesales ante el vacío normativo que se presenta en el caso de que una persona renuncia a su fuero como congresista y su investigación pasa a la Fiscalía.
El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.
El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que «varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe».
Si la jueza del caso acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía, las víctimas podrían apelar esa decisión y el caso pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
Y si, por el contrario, la jueza niega la solicitud de preclusión, la Fiscalía tendría que decidir si presenta una acusación con lo que tiene o si reformula con más argumentos su petición de preclusión.
En todo caso, si la jueza niega la preclusión, la Fiscalía y la defensa de Uribe también podrían apelar esa decisión, con lo cual el caso también pasaría al Tribunal Superior de Bogotá.
