Miles de manifestantes han salido a las calles en rechazo del Gobierno de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Martín Vizcarra.
Especial/ EFE
Editado por M. Herranz
La grave crisis que afronta Perú, donde gran parte de la ciudadanía rechaza al Gobierno transitorio de Manuel Merino tras la destitución de Martín Vizcarra por decisión del Congreso, revela el cansancio ante una clase política a la que se acusa de corrupta y de velar sólo por sus intereses particulares.
Esa opinión es compartida por peruanos de todas las edades, clases sociales y tendencias ideológicas, que exigen un cambio en el manejo de su país, inmerso además en una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia de la covid-19.
Estas son algunas de las principales claves que explican la tensa situación que se presenta en Perú.
Legitimidad en duda
Manuel Merino de Lama, quien era presidente del Congreso, asumió este martes la Presidencia en reemplazo de Vizcarra -acusado por el Legislativo de «incapacidad moral» por presunta corrupción-, ya que este no tenía vicepresidente y en cumplimiento de lo que indica la Constitución.
Vizcarra fue destituido con el voto de 105 de los 130 parlamentarios, aunque son numerosos los juristas, constitucionalistas y políticos que remarcan que si bien el proceso tuvo legalidad, carece de legitimidad. Esto se explica porque la ciudadanía no acepta la decisión tomada por el Legislativo, ya que considera que Vizcarra debió concluir su mandato hasta el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado por la Justicia.
Lucha «por la democracia”
Las manifestaciones ciudadanas de toda la semana, que incluyen marchas, cacerolazos y bocinazos nocturnos, enfatizan que no protestan en defensa de Vizcarra sino «de la democracia», al considerar que el Congreso ha dado un «golpe de Estado encubierto».
Entre esos temores están que se modifique el calendario de las elecciones generales que deben celebrarse en abril del próximo año -lo cual el Gobierno ha negado- y que se cambien o anulen normas que cuentan con gran aprobación social, como la reforma de la educación universitaria.
Casos concretos
La ciudadanía considera que la defensa que hace el Congreso de la lucha contra la corrupción solo sería una coartada para encubrir sus intereses, que van desde la búsqueda de respaldo para sus líderes hasta beneficios económicos. Se da el caso de que el congresista y secretario general del partido Unión por el Perú (UPP), José Vega, fue el promotor de la moción que llevó a la destitución de Vizcarra, pero este defiende la liberación de su líder, Antauro Humala, un exmilitar ultranacionalista y hermano del expresidente Ollanta Humala que cumple 19 años de prisión por una revuelta golpista.
Tras la salida de Vizcarra, Vega anunció públicamente que le iba a pedir a Merino que indulte a Antauro y señaló que se debe cambiar la Constitución peruana para incluir la pena de muerte para presidentes y políticos vinculados en casos de corrupción.
Crisis interna de los partidos
La crisis también se extiende al interior de los mismos partidos, como Acción Popular (AP) de Merino, que se ha dividido en pugnas internas que han llevado a que su secretario general, Mesías Guevara, desconozca al nuevo Mandatario y rechazó los votos de su bancada a favor de la destitución de Vizcarra, defendiendo la institucionalidad del país.
Podemos Perú fue otro de los partidos que apoyó la salida de Vizcarra, más aún después de que la fiscalía ordenó el arresto de su fundador, José Luna Gálvez, acusado de haber corrompido a funcionarios para inscribir oficialmente a su partido. Pero Luna es dueño de una universidad a la que se le retiró la licencia por incumplir estándares mínimos de calidad y lleva adelante una abierta campaña para desmontar la reforma educativa.
El problema de la corrupción
Los peruanos han visto como todos sus ex presidentes han sido comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes licitaciones de obras públicas. Las investigaciones fiscales han implicado a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a los que se ha unido en las últimas semanas Martín Vizcarra (2018-2020), mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó el año pasado, cuando iba a ser detenido.
Otros altos dirigentes políticos no escapan a estas graves acusaciones y también son investigados, desde Keiko Fujimori a los ex alcaldes de Lima, Luis Castañeda y Susana Villarán, ubicados a la derecha y la izquierda del espectro político, respectivamente.
Demora penal
La crisis política que afronta Perú también ha mostrado la lentitud de los procedimientos legales en el país, ya que muchos afirman que se pudo evitar la destitución si el Tribunal Constitucional (TC) se manifestaba a tiempo sobre una demanda que presentó hace un mes y medio el Gobierno de Vizcarra.
Ese pedido buscó que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre la facultad que tiene el Congreso de destituir a un jefe de Estado por «incapacidad moral permanente», un extremo que ya se había intentado aplicar al ex gobernante en septiembre pasado. Pero Vizcarra fue sometido a un segundo juicio político bajo los mismos términos sin que se conociera el pronunciamiento del TC sobre el tema de fondo.
Ante las críticas ciudadanas y el pedido de organismos internacionales como la OEA para que se pronuncie, el TC convocó a una audiencia para ver el caso este miércoles, tras lo cual señaló que no podía incumplir los plazos que ordena la ley, entre ellos dar un mes al Congreso para que responda por escrito a la demanda.
