Con aporte de agencia
Los máximos cabecillas de las Farc que integran el autodenominado “estado mayor central” del grupo guerrillero, notificaron que no aceptan “la aplicación del llamado plebiscito para refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto”, pues afirman que es inadecuado, “lesiona” y “desconoce el Acuerdo General, la Constitución, el Estado de Derecho y las normas de funcionamiento del Estado colombiano”.
En una “carta abierta al gobierno nacional”, publicada a través de los negociadores en La Habana, el grupo subversivo advierte que el plebiscito es una “ficción” unilateral del Gobierno Nacional y del Congreso.
“Creemos que éste, no es ni la vía política ni el instrumento jurídico-constitucional adecuado para lograr la “refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, señalan y agregan:
“Por una parte, la pretensión extra agenda que se advierte, lesiona el Acuerdo General, toda vez que de su punto sexto se desprende que somos las partes en la Mesa de Dialogo, los competentes para definir el sistema de refrendación que se aplicará a los acuerdos que finalmente se alcancen. De tal manera, que la iniciativa puesta en marcha inconsultamente, no solo desatiende la palabra empeñada en la Agenda, sino que constituye una aplicación de instituciones constitucionales y legales fuera de lugar, so pretexto de darle al plebiscito condiciones y alcances de los que carece por naturaleza”.
En su carta, con “copia” a la Corte Constitucional, al Congreso de la República, a los Plenipotenciarios del Gobierno en la Mesa de Diálogos y a los Países garantes y acompañantes, los cabecillas de las Farc advierten además que “no es el plebiscito un mecanismo apto para producir normas, o para modificarlas, refrendarlas o derogarlas. Mucho menos constituye tal instrumento, camino alguno para reformar la Carta”.
Según los firmantes del escrito, cuyos nombres no se especifican, “estamos frente a un error político y jurídico que se pretende presentar como fórmula constitucional y legal que lo resuelve todo, que de contera refrendaría el Acuerdo Final de Paz aún por alcanzar”.
Expresan ademas que “la propuesta que hace el Gobierno entraña un serio déficit democrático al fijar un menguado umbral del 13% del censo electoral, para crear un engañoso mandato: el de trasladar todo lo acordado y lo que resta por acordarse en la Mesa de La Habana a la llamada Comisión Legislativa en vía de creación, al propio Congreso si fuere del caso, al ejecutivo “y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado”, a fin de delegarles lo que fuere “de la órbita de sus respectivas competencias ”según lo dicho en el texto conciliado por las cámaras.
