A través de la página Colombia Compra Eficiente se conoció la adquisición por parte de la Policía Nacional de 23 vehículos blindados para la protección del presidente Iván Duque por unos $9.640 millones, recursos que fueron asignados en octubre para la ejecución presupuestal de 2020.
La Policía reseñó que las camionetas que se adquirieron se entregarán en noviembre con un “ahorro cercano a los $190 millones”.
Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, señaló que la compra de estos vehículos corresponde a una solicitud desde la Jefatura de Protección de Presidencia, pues a las camionetas de la Casa de Nariño se les había vencido la vida útil del blindaje.
“En abril de 2019 la valoración mostraba que era necesario reponer 20 de los vehículos por que tenían un nivel de obsolescencia alto, la Policía comenzó el proceso desde junio del año pasado pero los recursos fueron asignados en el presupuesto del 2020”, afirmó Molano.
Sin embargo, la transacción fue cuestionada por el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, quien les pidió a la Procuraduría y a la Contraloría “investigar urgentemente la compra”, pues en su opinión “habría corrupción a través del fraccionamiento de contratación”, explicando que “el fraccionamiento de contratos configura delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Las camionetas fueron compradas el mismo día, al mismo proveedor, bajo el mismo objeto, pero en tres órdenes de compra distintas”.
El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, le aclaró a su colega Arias la posición oficial respecto de la adquisición, señalando que la “compra de camionetas para la Presidencia se inició en 2018 (no existía emergencia) tras la evaluación de riesgos por parte de la Policía Nacional y para reponer vehículos de nueve años de servicio. El proceso no se podía suspender y demora más de dos años”.
Sin embargo, el senador Jorge Enrique Robledo, copartidario de Arias, consideró que “en relación con la rechazada compra de las camionetas, lo primero que debió hacer” el presidente Duque, “con los grandes poderes que le dio la emergencia económica, fue reorientar gasto público. Este era un caso evidente”.
