Lo que inicio el 21 de Noviembre como una marcha pacífica y llena de alegría en muchas ciudades de Colombia, se volvió en la tarde sobre todo en Bogotá y Cali, en un completo infierno.
En la capital opita al igual que en otras localidades reinó la calma. Los manifestantes que se volcaron a las principales calles de Neiva, dieron ejemplo de civismo y de manifestarse libremente dejando de lado las vías de hecho.
«Hubo una magnífica participación de los ciudadanos, los recorridos que estaban previstos se desarrollaron sin ninguna novedad, destacamos el espíritu cívico y participativo de toda la ciudadanía que se unieron a la marcha del paro nacional», expresó al término de la jornada del 21 de noviembre Hugo Alberto Llanos, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Neiva.
De igual manera, se destacó la buena disposición de los organizadores de la jornada, entre ellos las centrales obreras, la CUT, Fecode, ADIH, consejo superior estudiantil de la Universidad Surcolombiana y demás organismos convocantes, quienes hicieron posible el desarrollo pacífico de esta jornada del paro nacional.
La Secretaría de Salud de Neiva atendió las medidas establecidas por la Secretaría Departamental de Salud la cual emitió la Alerta Amarilla Hospitalaria y en conjunto con los equipos de vigilancia epidemiológica, de emergencias y desastres, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio EAPB y las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS estuvieron atentas antes, durante y después de la movilización y no se reportó ningún hecho que lamentar.
E igual sucedió en diferentes municipios del Huila, pero no en donde las autoridades dispusieron de un plan de contingencia para la jornada que se aplicó en todas sus fases para que los marchantes salieran a las calles tranquilamente y sin contratiempos.
Caso contrario ocurrió en otras ciudades, tales como Bogotá y Cali. En donde después de una jornada pacifica, apareció el vandalismo en niveles desproporcionados que han sido registrados por las diferentes redes sociales.
Es por ello, que horas después de culminadas las movilizaciones y del termino del histórico cacerolazo en nuestro país, desde diferentes vertientes se ha llamado a la calma e indicado que se llame al dialogo para de esta manera conjurar un estallido social que está en etapa de crecimiento.
Detrás de la ola de protestas y manifestaciones que se vivieron el pasado jueves y a pesar de los actos vandálicos hay una serie de reclamos, problemáticas y llamados que, si bien son diversos y de variado calibre, lograron congregar a numerosos sectores alrededor de una jornada de movilización social para demandar del Gobierno Nacional alternativas de solución.
Es de anotar que varios sectores de la sociedad coinciden en que más allá de ser o partidario del Gobierno Nacional, hay consenso frente al descontento popular que han causado ciertas propuestas políticas y económicas que desencadenaron el descontento ciudadano al llamarlas el “paquetazo” de Iván Duque y que el Gobierno días antes de la marcha desmintió.
Para los analistas, en estos momentos el Gobierno Nacional en cabeza del mandatario deben buscar alternativas para atender las protestas y evitar que escalen hasta un estallido social semejante a lo que viene ocurriendo en Perú, Chile y Bolivia recientemente.
Abogar por el dialogo
Un primer paso para ello, lo dio en la noche del 21 de noviembre el Presidente de la República. En su alocución presidencial, el mandatario reconoció que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y planteó el diálogo para llegar a puntos de encuentro.
Precisamente, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López indicó en sus redes sociales que “Bogotá es patrimonio de todos. Tenemos que cuidarla y cuidarnos. Rechazar el vandalismo y prevenir toda forma de violencia”, al tiempo que invito al Gobierno Nacional a proponer una hoja de ruta para acordar la agenda anticorrupción, social y económica que reclaman los jóvenes y la ciudadanía.
En igual sentido lo hicieron los dirigentes de Fecode, CUT y CGT, quienes en rueda de prensa manifestaron que esperan que el Jefe de Estado tenga en cuenta la masiva expresión de los ciudadanos que salieron a las calles tanto para marchar en el día como en el cacerolazo que tuvo lugar en horas de la noche del jueves en varias ciudades del país, al tiempo que rechazaron los actos de vandalismo que desdibujan lo que verdaderamente fue la movilización social.
«El Comando del paro seguirá reuniéndose para analizar cada uno de los motivos que llevaron a las movilizaciones del jueves y sobre las cuales continuarán insistiendo ante el Gobierno», señaló un comunicado emitido por esos directivos sindicales.
Señalaron que la reunión con el Jefe de Estado es para hablar sobre el ‘paquetazo’ (proyectos de reforma laboral y pensional) y las medidas medioambientales que ha sugerido el Gobierno y la implementación del proceso de Paz.
A su vez, la representante, Ángela María Robledo, hizo un llamado urgente al presidente Iván duque para que abra el dialogo con las organizaciones sociales ante la escalada de los hechos de violencia tras la jornada de paro nacional del jueves.
“Estamos esperando una señal clara y contundente del presidente Iván Duque, el mensaje que dio fue realmente vergonzoso”, dijo.
Entre tanto, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, se mostró de acuerdo en que el gobierno decrete la conmoción interior.
“Muchos de los que convocaron al paro lo hicieron con mentiras, el llamado desde el principio fue sin violencia ni vandalismo”, manifestó.
La petición de los organizadores del paro, fue respondida por el Presidente Iván Duque a través de alocución presidencial; en ella, anunció que desde el próximo 27 de noviembre convocará a las fuerzas representativas del país para iniciar una Conversación Nacional, que fortalezca la agenda política social vigente.
Los puntos de discordia
1. Reforma laboral
Los organizadores aseguran que una reforma laboral que supuestamente prepara el Gobierno destruye la estabilidad del empleo porque pretende que a los jóvenes que entran al mercado de trabajo se les pague el 75 % del salario mínimo legal.
También afirman que abre paso a la contratación de trabajadores por horas con lo que sería casi imposible lograr la jubilación.
2. Reforma de las pensiones
Las centrales obreras argumentan que el Gobierno busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y dejar los aportes de empresas y trabajadores para la jubilación en manos de fondos privados, un modelo del que dicen probó su «fracaso» en Chile.
Los sindicatos aseguran que esta reforma es promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En Colombia las mujeres se jubilan a los 57 años y los hombres a los 62, siempre y cuando hayan cotizado al menos 1.300 semanas a la seguridad social.
El paro nacional en Colombia fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
3. Reforma tributaria
Igualmente se oponen a los planes del Gobierno Nacional de hacer una reforma tributaria para rebajar los impuestos a las multinacionales y empresas mientras se los suben a la clase media y trabajadores.
4. Privatizaciones
El Gobierno pretende, según los sindicatos, privatizar Ecopetrol, la eléctrica ISA, Cenit (filial de Ecopetrol para el transporte de hidrocarburos) y «todas las empresas en las que el Estado sea propietario del 50 % de las acciones».
El Estado tiene participación directa en 105 empresas a través de sus ministerios y departamentos administrativos. En 39 de ellas su participación es mayoritaria y en 66, minoritaria.
5. Corrupción
La protesta también es un rechazo a la corrupción que deja pérdidas de 50 billones de pesos al año y señala escándalos multimillonarios como el de Odebrecht y la Refinería de Cartagena (Reficar).
Esta última, de propiedad de Ecopetrol, fue inaugurada en octubre de 2015 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y tuvo un coste final de 8.016 millones de dólares, más del doble de los 3.777 millones de dólares presupuestados inicialmente.
6. Tarifazo nacional
En la reforma fiscal llamada «Ley de Financiamiento» el Gobierno incluyó un aumento del 35 % de las tarifas de electricidad para los estratos 4, 5 y 6 para «salvar» a Electricaribe, empresa de la española Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) intervenida en 2016.
Electricaribe presta el servicio a siete departamentos de la costa atlántica colombiana y tiene un déficit de 1,3 billones pesos, reveló en marzo pasado un informe de la Contraloría (tribunal de cuentas).
7. Salario mínimo
El salario mínimo vigente en Colombia es de 828.116 pesos y quienes lo cobran reciben además un subsidio de transporte de 99.023 pesos.
Según los sindicatos ese pago es insuficiente porque no alcanza para cubrir la «canasta familiar» y por eso las familias se ven obligadas al «rebusque» para completar el dinero de los gastos.
8. Incumplimiento de acuerdos
Otro argumento para la protesta nacional es el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos firmados por esta Administración y las anteriores con varios sectores sociales y sindicales, especialmente con indígenas, campesinos y maestros.
9. Defensa de la protesta social
Los convocantes rechazan que el Gobierno quiera «reglamentar» el «derecho a la protesta social» y criminalizar a quienes se manifiestan en las calles.
10. Educación
Los estudiantes universitarios, que el año pasado protagonizaron una huelga de dos meses reclaman al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y medidas contra la corrupción en las universidades públicas.
El citado acuerdo incluyó una inversión de 4,5 billones de pesos en las universidades públicas durante cuatro años, la mayor suma destinada a la educación superior en la historia del país, argumenta Iván Duque.
